Port Samaná, el proyecto turístico Cabo Rojo, la reforma a la Ley 47-20 y el reimpulso institucional iniciado en febrero de 2025 definen una nueva etapa para el modelo de inversión
Con el respaldo del presidente Luis Abinader, las alianzas público-privadas (APP) ganan fuerza como vía para desarrollar obras de infraestructura y plataformas de servicios públicos. Port Samaná, el proyecto turístico Cabo Rojo, la reforma a la Ley 47-20 y el reimpulso institucional iniciado en febrero de 2025, definen una nueva etapa para el modelo de inversión.
Desde el inicio de su gestión, el presidente Luis Abinader ha asumido las alianzas público-privadas como una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo nacional, generar confianza en la inversión y convertir grandes necesidades públicas en proyectos viables. Ese compromiso político ha sido determinante para que la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) llegue a sus seis años como una institución central en la agenda de infraestructura del país.
Bajo la dirección ejecutiva de Andrés Lugo Risk, y especialmente desde el reimpulso institucional iniciado con su llegada en febrero de 2025, la DGAPP ha fortalecido su capacidad técnica, su presencia pública, su promoción internacional y su rol articulador entre el Estado y el sector privado. La entidad ha pasado de consolidar las bases normativas del modelo a presentar resultados concretos, con una ruta orientada a transparencia, seguridad jurídica, sostenibilidad e impacto social.
El símbolo más visible de esa maduración es Port Samaná, primer proyecto APP adjudicado en República Dominicana, que transformará el Puerto Duarte, en Arroyo Barril, en una moderna terminal de cruceros. La iniciativa contempla una inversión de US$68.7 millones, un contrato a 33 años y una generación estimada de entre 1,500 y 2,500 empleos directos e indirectos. Para Lugo Risk, este hito confirma que la DGAPP “ha logrado pasar de la teoría a la práctica”.
Otro logro de alcance nacional es Cabo Rojo, el proyecto turístico que nació y fue estructurado en la DGAPP como una apuesta para convertir el suroeste en un nuevo polo de desarrollo. Concebido con visión territorial y sostenibilidad, contempla una inversión inicial de US$2,245 millones, 12,000 habitaciones hoteleras en cuatro fases, un nuevo aeropuerto internacional, zonas comerciales y residenciales, además de servicios complementarios.
A esa agenda se suma la iniciativa para reformar la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas, concebida para hacer el modelo más ágil, claro y competitivo. La propuesta procura reducir tiempos, fortalecer la capacidad pública, mejorar la bancabilidad de los proyectos, ampliar fuentes de financiamiento y reforzar los mecanismos de transparencia y control.
“Podemos afirmar que el balance es altamente positivo”, expresó Lugo Risk, al destacar que la DGAPP se ha consolidado como “una institución técnica y confiable”. Su visión es “consolidar un ecosistema APP donde cada proyecto de infraestructura se convierta en un motor de desarrollo regional y nacional”.
A seis años de su creación, la DGAPP se proyecta como puente entre la visión de país del Gobierno y la capacidad transformadora de la inversión privada. En palabras de su director ejecutivo, las APP “no sustituyen al Estado, sino que lo fortalecen”.
