GANA y Conani impulsan actualización del Código del Menor para reforzar protección de la niñez

SANTO DOMINGO.– El Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) sostuvieron un encuentro con representantes del Ministerio Público para analizar posibles propuestas de reforma a la Ley núm. 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

La reunión tuvo como propósito intercambiar criterios y articular propuestas que permitan actualizar el marco legal de protección de la niñez y la adolescencia, incorporando la visión técnica de las instituciones vinculadas al sistema.

El encuentro fue realizado por iniciativa de la primera dama, Raquel Arbaje, quien destacó la importancia de mantener un diálogo interinstitucional antes de que la propuesta sea presentada y discutida por el Congreso Nacional.

“Lo que queremos es actualizar la Ley 136-03 para que esté acorde a la Constitución y el Código Penal”, expresó Arbaje.

Buscan consenso con el Ministerio Público

Durante la reunión, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, valoró la participación de las instituciones vinculadas a la protección de la niñez y destacó la importancia de incorporar sus opiniones en el proceso de reforma.

La magistrada manifestó su interés en que la posición del Ministerio Público sobre la eventual modificación de la legislación pueda ser consensuada con los sectores involucrados.

En el encuentro participaron, además, la presidenta ejecutiva del Conani, Ligia Jeannette Pérez Peña, y representantes del Ministerio Público y de las instituciones vinculadas al Gabinete de Niñez y Adolescencia.

Una ley con más de dos décadas

La Ley 136-03 fue promulgada en 2003 con el objetivo de establecer un sistema integral para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes y definir las responsabilidades de las instituciones encargadas de su protección.

Más de dos décadas después de su entrada en vigencia, las autoridades plantean la necesidad de revisar su contenido para adaptarlo a las transformaciones sociales y jurídicas experimentadas por el país.

Entre los desafíos que enfrenta actualmente el sistema de protección figuran la violencia, el abuso y la explotación sexual, el maltrato, los conflictos familiares y las situaciones que colocan a menores de edad en condiciones de vulnerabilidad.

A estos retos se suman nuevas amenazas relacionadas con el entorno digital, entre ellas el acoso a través de redes sociales, la exposición de menores a contenidos inapropiados y otras formas de violencia o vulneración de derechos mediante plataformas digitales.

Armonización con el marco jurídico actual

Otro de los objetivos de la reforma sería armonizar la Ley 136-03 con disposiciones incorporadas posteriormente al ordenamiento jurídico dominicano, incluyendo la Constitución de la República y el nuevo Código Penal.

La actualización busca reducir posibles contradicciones entre las distintas normas y establecer mecanismos que permitan una respuesta institucional más efectiva ante situaciones que involucren a niños, niñas y adolescentes.

El proceso requerirá la participación de distintas instituciones del Estado, debido a que cualquier modificación a la Ley 136-03 deberá ser sometida al conocimiento y aprobación del Congreso Nacional.

Protección integral de la niñez

El Conani, como órgano rector del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, desempeña un papel central en la coordinación de las políticas dirigidas a esta población.

Mientras, el Gabinete de Niñez y Adolescencia busca articular las acciones de distintas instituciones públicas para fortalecer las políticas de protección, prevención y atención de la infancia y la adolescencia.

La propuesta de actualización del Código del Menor procura que los cambios no se limiten a modificaciones jurídicas, sino que contribuyan también a fortalecer la prevención, mejorar la atención a víctimas y hacer más eficientes los mecanismos destinados a garantizar la protección integral de los menores en República Dominicana.