Santo Domingo.– La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informó que apelará la decisión judicial que ordena al Ministerio Público pagar RD$7.5 millones por un aparato telefónico ocupado durante la investigación del caso de presunta corrupción administrativa que involucra a Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros imputados.
El órgano persecutor sostuvo que la resolución contiene graves vicios procesales y favorece a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, pese a que, según explicó, la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ya no tenía competencia sobre el expediente desde el 24 de octubre de 2025.
La Pepca indicó que, a partir de esa fecha, el proceso pasó al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal que conoció la audiencia preliminar y posteriormente dictó auto de apertura a juicio.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado afirmaron que la magistrada desnaturalizó la figura de la astreinte al fijar una suma que consideran desproporcionada y que, en la práctica, se convierte en una indemnización a favor de un imputado por presuntos actos de corrupción.
“Recibimos la notificación de la decisión el jueves y tenemos 20 días para presentar el recurso de apelación”, informó Pérez, quien recordó que el juicio de fondo contra Álvarez Carbuccia y los demás acusados fue fijado para el 11 de agosto ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El representante del Ministerio Público también sostuvo que el tribunal actualmente apoderado del proceso no tendría competencia para conocer una reclamación relacionada con la devolución del equipo telefónico, al tratarse de un asunto que, según su criterio, no corresponde a esa jurisdicción.
La decisión judicial ordena el pago de RD$7,560,000 por concepto de liquidación de una astreinte vinculada a varios bienes que ya habían sido devueltos al imputado. El reclamo incluye un teléfono celular Samsung S3, cuyo valor comercial ronda los RD$3,000, según explicó la Pepca.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Juan Francisco Álvarez Carbuccia figura como imputado en el expediente por presuntamente emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
El expediente también establece que Hugo Beras, durante su gestión al frente del Intrant, habría facilitado adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participado en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia.
Asimismo, José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) es señalado como presunto beneficiario de contratos irregulares a través de las empresas Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, además de ser acusado de controlar sistemas semafóricos, plataformas de videovigilancia y de incurrir en presuntos actos de espionaje tecnológico y sabotaje de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Los demás imputados enfrentan cargos por presunto lavado de activos, testaferrato, manipulación de licitaciones, falsificación de certificaciones, sabotaje, uso de empresas para ejecutar contratos fraudulentos y otros delitos relacionados con la presunta estructura de corrupción.
A solicitud del Ministerio Público, el grupo fue enviado a juicio el pasado 5 de junio, acusado de presuntos delitos de lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos de alta tecnología, uso de documentos privados, contrabando y violación a la Ley de Armas.
