Santo Domingo.– Un peritaje independiente presentado por la defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat atribuye el colapso del techo de la discoteca Jet Set a un deterioro progresivo de las vigas postensadas de la estructura y no a una sobrecarga reciente, como sostiene el informe oficial del Gobierno.
El documento fue entregado al juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dentro del proceso judicial relacionado con la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025, que dejó 236 fallecidos y más de un centenar de heridos.
El informe técnico fue elaborado por el ingeniero José Manuel Lockhart Romero junto a los peritos Gabriel Carrera, Alfonso Francisco Ibarreta y Michael Gerard Murphy. Según los especialistas, las cargas existentes sobre el techo se mantuvieron prácticamente iguales durante los últimos años y la única modificación significativa habría sido la colocación de una membrana bituminosa.
Los expertos sostienen que, de haber estado las vigas en condiciones adecuadas, la estructura debía soportar el peso presente al momento del desplome. Asimismo, indican que el colapso se produjo por fracturas graduales en los alambres de postensado, provocadas por corrosión y deterioro interno acumulado durante décadas.
El peritaje también señala que existían defectos de construcción ocultos desde el origen de la edificación, incluyendo conductos de postensado mal colocados, lo que habría debilitado determinadas áreas estructurales del techo con el paso del tiempo.
Además, la defensa cuestionó la metodología utilizada por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) y los peritos oficiales, alegando supuestos errores en el modelo computacional empleado para determinar las cargas estructurales.
Entre las observaciones planteadas figuran diferencias entre el modelo digital y la geometría real del techo, así como una presunta sobreestimación del peso de tinacos y otros elementos instalados en la estructura.
El caso Jet Set continúa siendo uno de los procesos judiciales de mayor impacto en República Dominicana, mientras familiares de víctimas y sobrevivientes esperan que el tribunal determine responsabilidades definitivas sobre la tragedia.
