Santo Domingo.– El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional condenó a otras siete personas vinculadas a la red internacional de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Búfalo NK, con lo que asciende a 14 el número de personas sentenciadas por su vinculación con la estructura criminal.
La investigación permitió a las autoridades incautar 1,824 kilogramos de drogas, además de identificar bienes, dinero, vehículos, embarcaciones y armas relacionados con la organización.
Las nuevas condenas fueron dictadas mediante un procedimiento penal abreviado presentado por el Ministerio Público. Los imputados se declararon culpables de los delitos atribuidos y llegaron a acuerdos con el órgano acusador, los cuales fueron homologados por el tribunal, encabezado en esta ocasión por el juez Raymundo Mejía.
Las nuevas condenas
Isidoro Rotestán Clase fue condenado a siete años de prisión, de los cuales deberá cumplir tres años y seis meses bajo arresto domiciliario.
Francisco Morrobel Pérez recibió una condena de cinco años de prisión, con suspensión de la pena, además del pago de una multa de RD$50,000.
Mientras, Cristino Rotestán Clase, Johnny Casimiro Tejada, Geyser C. Castillo Mordán, Luigui Aneudy Ureña Read y Jomaiky Ureña Rotestán fueron condenados cada uno a cuatro años de prisión suspendida y al pago de una multa equivalente a 100 salarios mínimos.
Durante el período de suspensión, los condenados deberán cumplir las reglas establecidas por el tribunal, entre ellas permanecer en un domicilio fijo. El incumplimiento de estas condiciones podría implicar el cumplimiento de la totalidad de la pena en prisión.
El tribunal también dispuso la clausura definitiva de las empresas Mariscos Del Caribe Clase S.R.L., Mojos S.R.L. y Elegant Records Productions E.I.R.L., además del pago de una multa equivalente a 100 salarios mínimos para cada una.
Asimismo, se aplicó un criterio de oportunidad a favor de Braulio Rotestán Clase, Glorisel De La Cruz Paulino, Leda Margarita Clase y Estefany De La Cruz Paulino.
Los fiscales Jonathan Elías Pérez Fulcar, Miguel Collado García y Enmanuel Ramírez representaron al Ministerio Público durante la audiencia.
Decomisan inmuebles, vehículos, embarcaciones y dinero
Como parte de las sanciones, el tribunal ordenó el decomiso de 18 inmuebles, entre apartamentos, residencias, solares, terrenos y parcelas ubicados en distintas zonas del país.
Entre los lugares donde se encuentran los bienes figuran Punta Cana, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Padre Las Casas, Azua, y La Romana.
También fueron decomisados 16 vehículos terrestres, seis autobuses de transporte masivo, siete embarcaciones, cinco motores fuera de borda, tres armas de fuego y 115 municiones.
A estos bienes se suman US$97,700 y RD$17,412,085.91, además de las sanciones económicas contempladas en los acuerdos homologados por el tribunal.
Otras personas ya habían sido condenadas
Antes de estas nuevas sentencias, otras personas vinculadas al caso ya habían recibido condenas.
Rafael Ynoa Santana fue sentenciado a 10 años de prisión, mientras que Robert Nicolás Acosta recibió una pena de siete años.
También fueron condenados a cinco años de prisión Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Severiano Núñez Pichardo y Cristian E. Alcántara Javier.
En tanto, Maritza Flete Santana recibió una condena de tres años de prisión. También se aplicó un criterio de oportunidad a Juan Henríquez Tavárez.
Investigación comenzó en 2020
De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación contra la estructura criminal comenzó en 2020, con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y autoridades colombianas.
Posteriormente, en septiembre de 2024, las autoridades ejecutaron la Operación Búfalo NK, un operativo coordinado por el Ministerio Público junto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio de Defensa, organismos de inteligencia, la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos.
Según la investigación, la organización estaba integrada por ciudadanos de Colombia, Venezuela y República Dominicana, y mantenía conexiones en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
Las autoridades establecieron que la estructura utilizaba rutas marítimas y aéreas para transportar grandes cargamentos de cocaína y operaba de manera simultánea en distintas jurisdicciones.
Con las nuevas sentencias, 14 personas han sido condenadas por su vinculación con la red, mientras continúan las consecuencias judiciales derivadas del proceso, incluyendo el decomiso de bienes, dinero, vehículos, embarcaciones y armas.
