Santo Domingo.— El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, participó este martes en la primera sesión de la comisión especial del Senado de la República que estudia el proyecto de ley orientado a fortalecer la integridad, el control del financiamiento y la prevención de la infiltración de recursos ilícitos en la política dominicana.
La iniciativa legislativa fue sometida al Congreso Nacional por el PRM a inicios del mes de marzo y busca modificar la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, con el objetivo de robustecer la transparencia y legalidad del sistema de financiamiento político en la República Dominicana.
Durante su intervención, Paliza explicó que el proyecto establece la implementación de programas internos de cumplimiento normativo (compliance), la creación de unidades de auditoría interna y la aplicación de procedimientos de debida diligencia para verificar el origen de los fondos que reciben las organizaciones políticas.
Asimismo, la propuesta contempla que los aspirantes a cargos electivos deberán presentar pruebas antidopaje, certificaciones de no antecedentes penales en los países donde hayan residido durante los últimos quince años, así como una declaración jurada de patrimonio.
El dirigente político subrayó que el objetivo principal de esta iniciativa es evitar que el crimen organizado y el dinero ilícito influyan en los procesos electorales.
“Las organizaciones políticas necesitan contar con herramientas legales que les permitan filtrar y verificar a quienes aspiran a representar al pueblo”, expresó.
Durante la sesión, los senadores debatieron sobre la necesidad de equilibrar las medidas preventivas del proyecto con el derecho constitucional a la participación política. En ese sentido, se planteó que cualquier decisión de inadmisión o exclusión de candidaturas debe estar sujeta al debido proceso y a la supervisión del Tribunal Superior Electoral, a fin de evitar posibles usos indebidos con fines de persecución política.
La propuesta, que cuenta con el respaldo de varios senadores, busca modernizar el marco jurídico electoral dominicano y alinearlo con estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y combate al crimen organizado, en cumplimiento de compromisos asumidos por el país ante organismos internacionales.
