Santo Domingo.– Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos vinculados a movimientos provida y profamilia acudieron este miércoles al Tribunal Constitucional (TC) para expresar su oposición a la acción de inconstitucionalidad que busca que la orientación sexual sea reconocida expresamente entre las categorías de discriminación contempladas en el artículo 173 del nuevo Código Penal.
La manifestación se produjo mientras el TC conocía la audiencia correspondiente a la acción interpuesta contra el artículo 173 de la Ley núm. 74-25, promovida por la Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (COLESDOM) y Rosalba Karina Díaz Crisóstomo.
En oposición a la acción, varias organizaciones y 175 ciudadanos depositaron ante el tribunal una intervención voluntaria, mediante la cual solicitaron que no se incorpore por vía de interpretación judicial una categoría que, según sostienen, no fue incluida expresamente por el legislador.
Entre las entidades que respaldan esta posición figuran la Arquidiócesis de Santo Domingo, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), la Alianza Evangélica Dominicana (AEDO), Pro-Nación, Grupo Acción Cristiana, Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva y Alianza Vitae.
Provida sostiene que no es necesaria una incorporación expresa
Durante la concentración, la activista Nathalie Tonos consideró innecesario incluir de manera expresa el término “orientación sexual” en el artículo cuestionado, al argumentar que la Constitución dominicana garantiza derechos y protección a todas las personas.
“Consideramos innecesaria la inclusión de este término, ya que de por sí la Constitución defiende a todo ser humano, a toda persona”, manifestó Tonos.
En tanto, Eva Piccini aseguró que la oposición planteada por estos grupos no está dirigida contra las personas por sus preferencias sexuales, sino contra las consecuencias jurídicas que, a su juicio, podría generar la incorporación de una nueva categoría en la legislación penal.
“Todo dominicano sepa que nosotros no discriminamos a la persona”, afirmó.
Piccini también expresó preocupación por las posibles repercusiones de este tipo de debates en niños y adolescentes y defendió la protección de la familia y la niñez.
Alegan principios de legalidad penal
Los intervinientes sostienen que corresponde al Congreso Nacional, y no al Tribunal Constitucional mediante una interpretación, establecer las categorías específicas contempladas en una disposición de naturaleza penal.
Sus representantes legales argumentan que una interpretación expansiva del artículo 173 podría entrar en tensión con principios como la separación de poderes, reserva de ley en materia penal, legalidad, tipicidad y seguridad jurídica.
Asimismo, plantean que cualquier decisión debe ponderar derechos fundamentales como la libertad de conciencia, religión, culto, opinión y asociación, además de la dignidad humana y los demás derechos reconocidos por la Constitución.
Colectivos LGBTIQ+ reclaman protección expresa
En paralelo, más de 30 organizaciones y activistas vinculados con la defensa de los derechos humanos y de las personas LGBTIQ+ se concentraron frente al Tribunal Constitucional para respaldar la posición contraria.
Estos colectivos reclaman que la orientación sexual y la identidad de género sean reconocidas expresamente en las disposiciones contra la discriminación.
Argumentan que la ausencia de estos términos puede generar incertidumbre jurídica y producir diferencias en la protección de las personas que sean víctimas de actos discriminatorios.
Leonardo Sánchez, vocero de los colectivos, afirmó que buscan evitar que la protección de derechos dependa de interpretaciones posteriores.
“Necesitamos que las leyes tengan de manera expresa la orientación sexual y la identidad de género dentro de sus dictámenes”, sostuvo.
Los colectivos también invocan el artículo 39 de la Constitución, que consagra el derecho a la igualdad, para defender que las personas que enfrenten discriminación por su orientación sexual reciban protección jurídica en igualdad de condiciones.
Debate queda en manos del Tribunal Constitucional
Las posiciones enfrentadas se producen en el marco del proceso constitucional mediante el cual el Tribunal Constitucional deberá analizar los argumentos presentados contra el artículo 173 del nuevo Código Penal.
Mientras los grupos provida y profamilia defienden que la disposición sea mantenida en los términos en que fue aprobada por el legislador, los colectivos LGBTIQ+ consideran necesario que la protección contra la discriminación incluya expresamente la orientación sexual y la identidad de género.
El debate coloca nuevamente en el centro de la discusión pública la relación entre igualdad, no discriminación, derechos fundamentales, legalidad penal y separación de poderes, aspectos que deberán ser ponderados por el máximo órgano de justicia constitucional del país.
