Santo Domingo.- El Gobierno dominicano presentó un conjunto de medidas económicas bajo el enfoque de un Plan Anti-Crisis, orientado a proteger a la clase media, las familias de menores ingresos, mantener los programas sociales y preservar la sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico frente al impacto de la crisis internacional.
Las autoridades explicaron que este paquete no constituye una reforma fiscal, sino un plan de medidas puntuales para responder a una coyuntura marcada por presiones externas, especialmente en los precios internacionales del petróleo y otros factores que inciden en el costo de vida y las finanzas públicas.
Dentro de las medidas de protección social y económica, el Gobierno anunció una amnistía tributaria que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, así como el mantenimiento de los programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables.
El plan también contempla la eliminación del anticipo del Impuesto Sobre la Renta para las microempresas, una decisión que beneficiaría al 78 % de las microempresas que actualmente pagan este tributo. En el caso de las pequeñas empresas que realizan pagos mensuales, estas pasarán a efectuarlo en tres cuotas al año.
Las autoridades aclararon que el paquete no toca las compras por internet ni las plataformas digitales. Tampoco modifica el ITBIS, el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario ni el impuesto sobre la renta de las Mipymes.
Además, se eliminan los anticipos y el Impuesto a los Activos al sector agropecuario, otorgándole rango de ley a esta disposición. También se amplía de RD$12 millones a RD$15 millones el Régimen Simplificado de Tributación para personas físicas y el sector agropecuario, se crea un nuevo umbral de RD$30 millones para pequeños negocios y el umbral del RST compras aumenta de RD$55 millones a RD$60 millones.
En apoyo a las familias, el Gobierno propone reducir de 25 % a 3 % el impuesto sucesoral en vida para transferencias de padres a hijos. También se indexan los tramos exentos del impuesto de sucesión, que pasarían de RD$500 a RD$1 millón y de RD$1,000 a RD$2 millones.
Otra de las medidas de protección a la clase media consiste en indexar en 15 % el mínimo exento del Impuesto Sobre la Renta, con el objetivo de que la población pueda cubrir el costo de la canasta familiar no solo del primer quintil, sino también del segundo quintil. Según las autoridades, esta medida equivale a un aumento general del salario disponible.
Asimismo, se aumenta la deducción por gastos educativos de 25 % a 30 % de manera general, y hasta 50 % cuando los gastos sean realizados en beneficio de personas con discapacidad o trastornos del neurodesarrollo, como el autismo.
Medidas para proteger la estabilidad y el crecimiento
El Plan Anti-Crisis también incluye iniciativas dirigidas a preservar la inversión, la competitividad y el crecimiento económico. Entre ellas figura la depreciación acelerada para promover la inversión privada a partir de 2027.
De igual forma, se establece el reembolso a los exportadores del Impuesto Selectivo a los combustibles y seguros, así como la devolución del impuesto selectivo sobre el alcohol etílico utilizado en la fabricación de medicamentos.
El Gobierno también plantea la eliminación gradual de impuestos considerados obsoletos, como los aplicados a las hipotecas, la constitución de compañías y el impuesto selectivo a los seguros de vida. A esto se suma la reducción de 25 % a 10 % del impuesto sobre la renta por ganancia de capital en la venta de inmuebles realizada por personas físicas.
Otra medida incluida es la eliminación de impuestos de importación y del ITBIS a ambulancias, camiones de bomberos y camiones compactadores de basura. También se elimina el ITBIS al asfalto y AC-30, insumos vinculados a la construcción y mantenimiento de infraestructuras viales.
En cuanto a los combustibles, el Gobierno informó que, luego de un ajuste de RD$6 en las gasolinas y gasoil premium, y de RD$3 en las regulares, los precios serán congelados por tres meses, siempre que el barril de petróleo WTI no supere los US$95.
De dónde saldrán los recursos
Las autoridades señalaron que el Gobierno será el primero en aportar mediante una administración prudente y responsable de las cuentas fiscales. De acuerdo con el plan, en 2025 el gasto corriente cayó en 0.5 % del PIB, equivalente a unos RD$40,000 millones, mientras aumentó el gasto de capital.
Para 2026, las proyecciones de ahorro y ajuste del gasto público superarían los RD$35,000 millones. Además, se contempla continuar con el proceso de reducción del Estado mediante la eliminación de instituciones gubernamentales.
Entre las fuentes de ingresos también figura un aumento de tres puntos porcentuales en la tasa del Impuesto Sobre la Renta empresarial para grandes contribuyentes con ingresos anuales superiores a RD$1,000 millones. Esta medida impactaría a poco más de mil empresas de las 140 mil que presentan declaración de ISR en el país, es decir, menos del 0.8 % del total.
También se crea un nuevo tramo del ISR personal, con una tasa de 27 % para salarios mayores a RD$400,000 mensuales. Según las estimaciones oficiales, esta medida impactaría a unos 5,900 contribuyentes de un universo de 2.3 millones, equivalente al 0.26 % del total.
El paquete incluye además el aumento de 0.015 a 0.020 por mil del impuesto sobre cheques y transferencias electrónicas, un impuesto selectivo a cigarrillos electrónicos y vapeadores, aumento de la tributación a casinos y juegos de azar, así como un incremento de US$10 a los pasajes aéreos.
No es una reforma fiscal
Las autoridades enfatizaron que este paquete no debe ser entendido como una reforma fiscal, ya que la propuesta de reforma presentada en 2024 fue retirada luego de escuchar a la población dominicana.
El Gobierno define estas iniciativas como un Plan Anti-Crisis, mediante el cual los sectores con mayor capacidad contributiva aportarían recursos adicionales para proteger a los sectores más vulnerables, apoyar a la clase media y garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de la economía dominicana.
Con este conjunto de medidas, el Ejecutivo busca mantener la estabilidad macroeconómica, proteger los programas sociales, sostener la inversión pública y mitigar los efectos de la crisis internacional sin tocar impuestos de alto impacto general como el ITBIS, el IPI, las compras por internet o las plataformas digitales.
