NUEVA YORK.– El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este lunes tres demandas contra los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont para impugnar leyes que permiten a inmigrantes indocumentados acceder a matrículas universitarias con tarifas de residente y, en algunos casos, a ayudas económicas para financiar sus estudios.
En las querellas, el Departamento de Justicia sostiene que estas disposiciones discriminan de manera inconstitucional contra ciudadanos estadounidenses, al considerar que no reciben los mismos beneficios en materia de matrículas reducidas y ayudas educativas.
La Administración también argumenta que las leyes estatales generan incentivos para la inmigración irregular y conceden beneficios públicos a personas que se encuentran en el país sin estatus migratorio legal. Por ello, solicitó a los tribunales impedir la aplicación de estas normas.
Las medidas de Nueva York
En Nueva York, las leyes estatales permiten que estudiantes indocumentados y determinados estudiantes no ciudadanos puedan acceder a becas y subvenciones estatales destinadas a cubrir gastos de educación universitaria.
Los beneficios no están dirigidos exclusivamente a personas indocumentadas. También pueden incluir a beneficiarios de visas U, destinadas a determinadas víctimas de delitos; visas T, para víctimas de trata de personas; y personas protegidas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Entre los requisitos establecidos figura haberse graduado de una escuela secundaria en Nueva York y matricularse en un programa universitario dentro de los cinco años posteriores a la graduación.
Las normas de Vermont y Connecticut
En Vermont, la legislación permite que estudiantes indocumentados y otros no ciudadanos residentes en el estado puedan acceder a tarifas universitarias correspondientes a residentes. La normativa también contempla ayudas financieras estatales basadas en la necesidad económica, independientemente del estatus migratorio.
En Connecticut, una ley aprobada en 2011 permite que determinados estudiantes indocumentados que residen en el estado paguen matrícula universitaria como residentes. Entre los requisitos se encuentra haber completado los estudios secundarios en una institución educativa del estado.
Una ofensiva legal más amplia
De acuerdo con el Departamento de Justicia, las nuevas demandas elevan a 17 el número de acciones judiciales emprendidas para cuestionar leyes estatales que ofrecen este tipo de beneficios a inmigrantes en situación irregular.
La Administración federal ya ha logrado que tribunales bloqueen disposiciones similares en estados como Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska e Illinois.
Además, el Departamento de Justicia ha presentado demandas contra medidas similares en Minnesota, Virginia, California, Nueva Jersey, Kansas, Massachusetts, Rhode Island, Maryland y Colorado.
Las acciones forman parte de una estrategia más amplia del Gobierno federal para cuestionar políticas estatales relacionadas con inmigración y acceso a beneficios públicos, en medio de un intenso debate nacional sobre el tratamiento de los inmigrantes indocumentados.
