SANTO DOMINGO.– El comunicador Carlos Enrique Rubio Martínez vuelve a estar en el centro de la atención judicial tras avanzar un proceso penal por presunta difamación e injuria a través de medios digitales, situación que podría derivar en su extradición para comparecer ante los tribunales dominicanos.
La acción legal fue interpuesta por el empresario Alejandro Felipe Mauad Astwood, quien presentó una denuncia formal ante la Fiscalía del Distrito Nacional, acusando a Rubio de difundir informaciones consideradas falsas, difamatorias e injuriosas mediante distintas plataformas digitales.
Según el expediente depositado ante el Ministerio Público, Rubio habría realizado publicaciones en redes sociales en las que vinculaba al empresario con supuestas influencias dentro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y con alegadas actuaciones irregulares relacionadas con contratistas del Estado.
La denuncia sostiene que dichas acusaciones carecen de fundamento y fueron difundidas públicamente con la intención de afectar la reputación y credibilidad del empresario.
Asimismo, el expediente indica que las publicaciones incluyeron referencias a la esposa de Mauad, acompañadas de fotografías e informaciones de carácter personal y familiar, ampliando el alcance de los señalamientos realizados.
La querella fue presentada bajo los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, normativa que sanciona la difamación e injuria pública cometidas a través de medios electrónicos y plataformas digitales.
Los denunciantes alegan que las expresiones difundidas por Rubio sobrepasaron los límites de la opinión y constituyeron imputaciones directas relacionadas con presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder.
El caso adquiere una dimensión adicional debido a que Rubio reside actualmente en el estado de Florida, Estados Unidos. De acuerdo con documentos vinculados al proceso, el comunicador ha sido declarado en rebeldía, lo que ha llevado a las autoridades judiciales a evaluar las vías legales disponibles para lograr su comparecencia ante la justicia dominicana.
Juristas consultados consideran que este proceso podría sentar un precedente importante en materia de delitos tecnológicos, difamación digital y alcance de la jurisdicción dominicana frente a ciudadanos que operan desde el extranjero.
De prosperar las actuaciones judiciales en curso, Rubio deberá responder ante los tribunales del país por las imputaciones formuladas en su contra, en un expediente que continúa generando atención en los ámbitos jurídico, político y mediático de la República Dominicana.
