El 16 de agosto de 2020, el presidente Luis Abinader Corona juró ante la Asamblea Nacional en medio de un país semiparalizado por el confinamiento pandémico y con las arcas fiscales severamente diezmadas. Seis años después, habiendo rebasado el umbral del primer cuatrienio e internándose en la segunda mitad de su mandato tras la victoria electoral de 2024, el gobernante enfrenta el juicio directo de los hechos. El ciclo político actual deja de medirse por promesas de campaña para someterse al escrutinio frío de las obras concluidas, la respuesta de los servicios públicos y la estabilidad institucional.
El ejercicio del poder ha estado autografiado por un estilo pragmático, dominado por el perfil gerencial del presidente y una presencia mediática constante. De un punto de partida que reportaba apenas 69 obras en ejecución entrampadas en nudos legales, la administración pasó a movilizar cientos de proyectos simultáneos en las 31 provincias y el Distrito Nacional. Sin embargo, la ejecución gubernamental muestra grietas marcadas en la efectividad de los servicios básicos y en la percepción ciudadana sobre el costo de la vida.
Infraestructura vial y transformación territorial
El renglón donde el Gobierno muestra ejecutorias de mayor visibilidad es la intervención en el entramado vial y de transporte. La estrategia oficial combinó sistemas de transporte masivo con obras de agilización del tránsito neurálgico en el Gran Santo Domingo y las provincias, sumando la intervención de miles de kilómetros en carreteras, aceras, contenes y programas de asfaltado masivo. Entre las soluciones viales de mayor impacto destaca la intervención en la Plaza de la Bandera mediante el paso a desnivel en la avenida Isabel Aguiar con prolongación 27 de Febrero (popularmente conocido como Pintura), una obra clave para descongestionar el corredor oeste del Distrito Nacional.
A esta se suman la ampliación de la avenida Ecológica hasta el Puerto Multimodal Caucedo, la prolongación de la avenida Hípica, la reconstrucción de la autopista Duarte con la eliminación de cruces informales, el paso a desnivel de la avenida San Isidro y la reconstrucción del malecón de Santo Domingo Este. En Santiago, la puesta en marcha del monorriel y el teleférico reconfiguró la dinámica operativa del transporte colectivo en esa zona del Cibao, integrando sectores históricamente marginados de la inversión estatal.
En la capital, la extensión de la Línea 2C del Metro hacia Los Alcarrizos, sumada al Teleférico de esa misma demarcación, ha aliviado el embotellamiento del corredor occidental. Asimismo, la red de circunvalaciones experimentó un impulso significativo con la terminación de la circunvalación de Azua y los avances de la circunvalación de Baní, descongestionando el tráfico de carga hacia la región sur. A este esquema se añade el plan integral de desarrollo en Pedernales, con el puerto de cruceros de Cabo Rojo y la infraestructura hotelera inicial, proyectados como el eje de tracción económica para la región Enriquillo que, a pesar del enorme potencial, históricamente fue ignorada.
En este mapa de movilidad, destaca la implementación del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), una de las políticas de mayor impacto directo en la economía del hogar. Diseñado para garantizar el traslado seguro y gratuito de los estudiantes de la educación pública, el programa no solo alivió la congestión escolar urbana, sino que redujo de forma significativa la deserción y el gasto de las familias en transporte diario, consolidándose como un hito de asistencia social e integración de la red vial.
Sin embargo, el despliegue de cemento y asfalto ha chocado de frente con la anarquía cotidiana de las calles. Pese a la millonaria inversión estatal y al constante involucramiento del presidente en la agenda vial, el caos en el tránsito persiste como un mal endémico en las principales zonas urbanas. En este sentido, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) acumula un saldo deudor: las iniciativas de semaforización, ordenamiento de corredores, fiscalización e inspección técnica han resultado erráticas o insuficientes, dejando al descubierto que la sola edificación de obras físicas no basta sin una autoridad rectora capaz de imponer disciplina, educar al conductor y fiscalizar con efectividad el parque vehicular.
Agua, saneamiento ambiental y titulación masiva
En el plano hidráulico e inclusión social, la gestión registra ejecutorias de alto calado que impactan de forma directa la calidad de vida comunitaria. La inauguración de la fase previa y embalse de Montegrande en el sur representa la concreción de una demanda de décadas para el control de inundaciones y el riego agrícola en la cuenca baja del río Yaque del Sur. En el Gran Santo Domingo, el saneamiento de la cañada de Guajimía y la transformación de decenas de cañadas en parques lineales —como Cristo Park en Cristo Rey o la cañada de los Ríos a través de la CAASD— redujeron la vulnerabilidad de miles de familias ante fenómenos atmosféricos, convirtiendo focos de contaminación en espacios públicos y vías de acceso comunitario.
En materia de derechos de propiedad, el Gobierno alcanzó cifras históricas a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, superando la entrega de más de 100,000 títulos definitivos de solares y viviendas en todo el territorio nacional. Esta política no solo otorgó seguridad jurídica, sino que facilitó la bancarización y el acceso al crédito formal para sectores históricamente marginados.
En paralelo, el programa "Dominicana Se Reconstruye" intervino miles de viviendas vulnerables de madera y zinc, sustituyendo pisos de tierra y reparando techos dañados en barrios y zonas rurales. Asimismo, a través del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mivhed), se articuló el Plan Nacional de Viviendas (Familia Feliz y Mi Vivienda), un esquema enfocado en otorgar subsidios estatales directos al inicial, al bono ITBIS y a la tasa de interés hipotecaria, facilitando que familias de ingresos bajos y moderados accedan a su primera casa propia en complejos habitacionales formales.
Gestión institucional, marca país y nuevos polos
Si existe un sector que exhibe una de las ejecutorias más consolidadas de la administración es el turismo, impulsado por una estrategia de alianzas público-privadas y por la gestión de David Collado. Tras tomar las riendas del ministerio en medio del cierre global por la pandemia, la conducción del sector apostó a una promoción internacional agresiva, la recuperación acelerada de rutas aéreas y el fortalecimiento de la marca país.
Los resultados se reflejan también en el flujo de visitantes. Entre enero y julio de 2026, la República Dominicana recibió 7,700,118 visitantes, rompiendo nuevamente récords y encaminando al país hacia la meta de alcanzar los 12 millones al cierre del año. Estas cifras consolidan al turismo como uno de los principales pilares de la economía dominicana y reflejan la capacidad del sector para mantener su ritmo de crecimiento tras la recuperación post pandemia. Más allá del flujo de visitantes en los destinos tradicionales, el giro estratégico de los seis años se concentró en la expansión territorial y en la creación de nuevos polos de desarrollo. La habilitación del puerto de cruceros de Cabo Rojo en Pedernales, el despegue hotelero de Miches y la estructuración del proyecto Punta Bergantín en Puerto Plata replantearon el mapa del turismo nacional.
La economía y el embate de la inflación
Las cifras macroeconómicas otorgan al presidente Abinader su mejor carta de presentación internacional. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial respaldan la gestión dominicana por el dinamismo en la captación de inversión extranjera directa (IED) y la resiliencia del sector turístico, que rebasó la barrera histórica de los 10 millones de visitantes anuales. Bajo esta dinámica, el país sorteó con solvencia las distorsiones en las cadenas globales de suministro y las alzas en las materias primas derivadas de los conflictos internacionales.
Sin embargo, esa estabilidad macroeconómica ponderada en Washington, Estados Unidos, choca de frente con la realidad del mostrador: los sondeos populares y las encuestas de opinión reflejan que el salario real de la clase trabajadora sigue presionado por el costo persistente de la canasta básica. Alimentos de consumo masivo como el pollo, el arroz, los plátanos, los aceites y las carnes registraron incrementos acumulados sostenidos durante la gestión. La política de subsidios focalizados palió de forma parcial las alzas, pero resultó insuficiente para frenar el deterioro del poder adquisitivo en la clase media y los sectores vulnerables, donde la bonanza del producto interno bruto (PIB) no se traduce en la compra semanal.
A esta presión inflacionaria se suma el debate en torno al ritmo de contratación de deuda pública. La oposición política, encabezada por la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sostiene que el endeudamiento consolidado ha alcanzado cifras históricas sin un correlato proporcional en la calidad de los servicios públicos esenciales. Aunque el Poder Ejecutivo argumenta que la relación deuda-PIB se mantiene bajo niveles sostenibles gracias al crecimiento económico, la carga del pago de intereses sobre el presupuesto nacional limita el margen de maniobra fiscal del Estado.
LA NOTA CRÍTICA: Servicios públicos, tarifa eléctrica y seguridad
Las deudas estructurales que tensionan el balance de la gestión gubernamental
Si en infraestructura el Gobierno obtiene calificaciones favorables, la administración de los servicios básicos acumula sus notas más críticas. El sector eléctrico continúa como la herida abierta de las finanzas estatales. Pese a la inyección de más de US$5,000 millones en subsidios y a las reiteradas promesas de reestructuración en las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), las pérdidas técnicas y comerciales se mantienen en niveles alarmantes, requiriendo transferencias multimillonarias para sostener un sistema operativo plagado de deficiencias.
Las interrupciones constantes en el suministro eléctrico, combinadas con los ajustes tarifarios, alimentan un clima de irritación social permanente. La ciudadanía denuncia la paradoja de recibir facturas en aumento mientras padece apagones prolongados en barrios populares y zonas rurales, evidenciando la falta de resultados concretos tras años de anuncios de reforma energética.
En el ámbito sanitario, el Seguro Nacional de Salud (Senasa) experimentó un crecimiento histórico en su cobertura de afiliados; sin embargo, esta expansión choca con la realidad de la red hospitalaria pública. A pesar de que el Estado reporta una ejecución presupuestaria acumulada en el sector salud superior a los RD$650,000 millones desde agosto 2020, los centros médicos de primer y segundo nivel enfrentan desabastecimiento recurrente de insumos, deterioro en sus infraestructuras físicas y listas de espera desproporcionadas para consultas o cirugías especializadas.
En materia de seguridad ciudadana, la reforma integral de la Policía Nacional muestra avances institucionales innegables en dignificación salarial, equipamiento técnico y formación académica. No obstante, estrategias como el patrullaje por cuadrantes y el despliegue tecnológico no han logrado desarticular la percepción de inseguridad en los centros urbanos. Los robos, hurtos y asaltos continúan marcando el ritmo de la vida comunitaria, a lo que se suma un componente altamente sensible: los episodios de uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes, con un saldo recurrente de bajas civiles en intervenciones policiales que empañan el proceso de transformación institucional.
La construcción de la verja perimetral inteligente representa la decisión de infraestructura de mayor calado en materia de seguridad nacional adoptada por la presente administración. Ante el colapso del Estado haitiano y el control de la franja limítrofe por parte de bandas armadas, el presidente Abinader proyectó un liderazgo activo en la arena internacional, llevando su reclamo de forma reiterada ante la Asamblea General de la ONU, la OEA y diversas cumbres regionales. Su línea discursiva se mantuvo firme al advertir que la crisis de Haití es una responsabilidad de la comunidad internacional que excede la capacidad dominicana, una estrategia de soberanía que cosechó un amplio respaldo popular interno y se respaldó en un despliegue militar permanente para blindar el territorio nacional.
Sin embargo, esta postura diplomática y de mano dura en el plano local ha generado severas observaciones internacionales y costos económicos locales. Las intensificadas deportaciones masivas de extranjeros en estatus irregular provocaron fricciones con organismos de derechos humanos por los protocolos de detención y el debido proceso. Al mismo tiempo, las tensiones diplomáticas y los cierres intermitentes de la frontera paralizaron el comercio binacional, impactando de forma directa a los comerciantes y productores de las provincias fronterizas, lo que puso en evidencia el delicado choque entre las exigencias de la seguridad nacional y la histórica interdependencia económica regional.
La percepción sobre la figura presidencial se encuentra fuertemente dividida en el ecosistema digital, convertido en el principal termómetro de la contienda política. En plataformas como X, Facebook e Instagram, el aparato de comunicación oficialista y sus simpatizantes posicionan a Luis Abinader como un gobernante gerencial, transparente y cercano, enfatizando las rendiciones de cuentas, la entrega de títulos de propiedad y el respaldo a la independencia del Ministerio Público como sellos distintivos de la gestión. En la acera opuesta, las comunidades digitales de oposición y sectores críticos califican el discurso gubernamental como una narrativa maquillada y desconectada de la realidad social.
Cumplidos seis años de ejercicio ininterrumpido del poder, el presidente Luis Abinader se adentra en la etapa definitiva de su vigencia política al frente del Estado. Conforme avanza la cronología de su segundo mandato, la gestión entra en el tramo crítico donde la narrativa de Gobierno cede ante el peso irrefutable de los hechos cumplidos. Para un ciclo político que prometió refundar la relación entre el Estado y la sociedad, el tiempo de los ensayos se ha agotado: las decisiones y ejecuciones que se consoliden en este tramo final definirán si las reformas institucionales y las obras físicas logran echar raíces permanentes, o si la memoria de la administración terminará condicionada por el lastre de los servicios insatisfechos y lo que no pudo ser cumplido.
REFORMA CONSTITUCIONAL 2024
Introducción de cláusulas pétreas al artículo 124 para prohibir la modificación de las reglas de elección presidencial en beneficio del gobernante de turno.
Modificación del esquema de designación del procurador general, desvinculándolo del control exclusivo del Poder Ejecutivo vía el CNM.
Elecciones municipales, congresuales y presidenciales juntas a partir de 2028 para reducir el costo del sistema político.
TRANSFORMACIÓN PENAL Y JUDICIAL
Sustitución de la norma de 1884. Tipifica feminicidio, sicariato, ciberacoso y ataques con ácido; eleva la pena máxima a 40 años de prisión (acumulable hasta 60).
Decomiso y recuperación de bienes, inmuebles y fondos de origen ilícito derivados de la corrupción y el crimen organizado.
Inhabilitaciones de por vida a funcionarios o familiares proveedores, tipificación de la colusión y uso obligatorio del portal transaccional.
ORDENAMIENTO Y REGULACIÓN
Primera regulación nacional para frenar la expansión urbana desordenada y proteger tierras de vocación agrícola.
División del país en 10 regiones para descentralizar la inversión del presupuesto estatal según prioridades locales.
Disolución del antiguo INVI y unificación de las políticas de edificación pública en un solo organismo ministerial.
