Santo Domingo.– El Ministerio de Administración Pública (MAP) inició un proceso de auditoría presencial de las nóminas de las instituciones gubernamentales con el propósito de determinar la cantidad real de servidores públicos y corregir inconsistencias en los registros de personal del Estado.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, informó que la iniciativa busca consolidar la información de los empleados públicos, debido a que actualmente las distintas entidades estatales operan con bases de datos que no están completamente integradas.
Durante un encuentro con editores y ejecutivos de medios de comunicación, el funcionario explicó que la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) registra alrededor de 700,000 cotizantes pertenecientes al sector público, aunque aclaró que esa cifra no necesariamente refleja el total de trabajadores del Estado.
Freund señaló que las estimaciones preliminares sitúan la cantidad de empleados públicos por debajo de los 780,000, pero indicó que el número definitivo será establecido una vez concluya el proceso de verificación que realizan tres firmas auditoras contratadas para esos fines.
Según explicó, la auditoría se desarrollará durante los próximos meses y se espera que concluya en diciembre, cuando las autoridades cuenten con un panorama más preciso de la composición de la nómina estatal.
El proceso también contempla la evaluación de aspectos relacionados con las condiciones laborales dentro de las instituciones públicas, incluyendo el clima organizacional, la distribución del personal y las diferencias existentes en las escalas salariales.
El ministro sostuvo que parte de las inconformidades manifestadas por empleados del sector público están vinculadas a distorsiones salariales acumuladas durante años y a la falta de actualización de la legislación que regula las remuneraciones en la administración pública.
Asimismo, indicó que el Gobierno trabaja en la creación de una plataforma que permita integrar y centralizar las informaciones de recursos humanos de las distintas instituciones estatales, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control, planificación y gestión del personal.
Las autoridades esperan que los resultados de la auditoría permitan disponer de datos más precisos sobre la estructura del empleo público y faciliten la toma de decisiones en materia de administración y modernización del Estado.
