Santo Domingo.– La decisión del presidente Luis Abinader de ordenar la detención inmediata de las actividades del proyecto minero Romero, en la provincia de San Juan, ha generado reacciones encontradas entre sectores sociales, políticos y empresariales.
Diversas organizaciones comunitarias y sociales valoraron la medida como una “victoria del pueblo”, tras años de protestas en defensa de los recursos naturales, especialmente de la Cordillera Central, considerada clave para el abastecimiento de agua y la producción agrícola.
Cientos de ciudadanos se concentraron en apoyo a la decisión, bajo consignas como “Agua sí, oro no”, destacando que el Gobierno atendió el reclamo popular frente a posibles riesgos ambientales.
En el ámbito político, figuras como el senador Félix Bautista respaldaron la medida, señalando que protege recursos hídricos fundamentales para miles de personas en las regiones del sur.
Asimismo, organizaciones como el Frente Amplio consideraron la decisión un paso correcto, resaltando que responde al rechazo ciudadano y a la defensa del medio ambiente.
⚖️ Postura del sector empresarial
En contraste, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresó su desacuerdo con la paralización del proyecto.
Su vicepresidente ejecutivo, César Dargam, indicó que la medida genera interrogantes sobre la institucionalidad y la necesidad de que las decisiones se basen en criterios técnicos y evidencia.
Dargam sostuvo que la República Dominicana posee potencial para desarrollar una minería responsable, siempre que exista un equilibrio entre lo económico, social y ambiental.
