Situada en el trayecto de huracanes y tormentas tropicales en las Antillas Mayores, República Dominicana es considerada como un pequeño estado insular en desarrollo altamente vulnerable a los impactos del cambio climático y desastres naturales desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de cada año. Según la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), los huracanes y los sistemas de bajas precipitaciones son los fenómenos hidrometeorológicos extremos que originan mayores consecuencias por exceso de precipitaciones en el territorio nacional.
Conforme al Índice de Vulnerabilidad ante Choques Climáticos (IVACC) 2018, República Dominicana es el segundo país del Caribe con mayor vulnerabilidad climática, después de Haití, apunta que el 30% de la población es muy vulnerable a fenómenos extremos. De igual forma, el Índice de Riesgo Climático Global (IRC) 2019, coloca a nuestra media isla como uno de los 20 países más afectados del mundo por eventos de origen sísmico y meteorológico.
Más allá del inexorable impacto socioeconómico negativo, pérdida de empleo y fuentes de ingreso, que generan estos eventos naturales, también atenta contra la integridad física y la seguridad humana, dejando víctimas que podrían evitarse comúnmente en inundaciones, deslizamientos de tierras, derrumbes y marejadas. Esto nos lleva a cuestionarnos seriamente sobre, ¿Qué mecanismos se pueden mejorar para eficientizar la prevención y gestión de riesgos ante desastres naturales?
Es necesario trabajar en del fortalecimiento del Sistema Integrado de Alerta Temprana (SAT) para identificar, evaluar y comunicar oportunamente a la población acerca de los fenómenos atmosféricos que nos amenazan y proteger al país y los sectores productivos. Asimismo, identificar y priorizar los territorios y hogares con mayor probabilidad de riesgo de ser impactados por eventos catastróficos como por ejemplo inundaciones, es apremiante para resguardar la vida humana y mitigar los estragos provocados.
Con carácter de urgencia se deben detener los procesos de degradación ambiental que generan riesgo, es impostergable la definición de reasentamientos humanos lejos de fuentes de peligro, al igual que la formación y orientación sobre la calidad de infraestructura de la vivienda.
Esta tarea representa un esfuerzo titánico en materia de política pública enfocada en reducir la población en vulnerabilidad económica la cuál representa el 27.7%, conforme al Boletín Oficial de Pobreza Monetaria del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) 2022.
Promover un desarrollo urbano sostenible en nuestras ciudades, en especial en las grandes urbes como el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, es un factor esencial para garantizar un crecimiento económico armónico con el medio ambiente y los recursos naturales. Constituye una línea vital reevaluar y reestructurar el sistema de alcantarillado y drenaje pluvial, de forma que cumpla con su labor primordial de gestionar los recursos hídricos y la correcta reinserción de las aguas residuales en el ciclo del agua. Para asegurar la funcionalidad de la infraestructura de drenaje, las instituciones públicas y la sociedad civil debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad y adoptar un modelo de gestión circular de los residuos sólidos para así reducir la contaminación por plástico que obstruye nuestras alcantarillas. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), debe asumir como una prioridad nacional la creación de un reglamento de aplicación para la Ley núm. 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, que permita la operatividad y entrada en vigor de este instrumento legal para asegurar el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la Nación, acorde con la necesidad de adaptación al cambio climático.
La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030)- Ley núm. 1-12, en su objetivo 4.2.1 plantea “Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa participación de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas”. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (SN-PMR)- Ley núm. 147-02, a través de las instituciones que lo conforman, tiene la gran tarea de planificar y coordinar las políticas públicas hacia la prevención y mitigación de desastres, así como los preparativos de respuesta y recuperación temprana ante eventos naturales.
Desarrollar una cultura de resiliencia ante eventos socioambientales desastrosos, es un propósito que requiere bastante voluntad política y participación ciudadana. La República Dominicana precisa avanzar en la construcción de una sociedad más consciente, justa y con menores brechas de desigualdad, para así lograr una mayor resiliencia a los riesgos climáticos que con frecuencia conmocionan al país. La educación es la base y fundamento para influir en el comportamiento de una nación, de la forma en como nos comportemos con nuestro ecosistema, dependerá nuestra calidad de vida y capacidad de supervivencia para las futuras generaciones.
Estudiante de Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Voluntario Nacional del Programa de Liderazgo del Ministerio de Educación (PLERD)
