Santo Domingo.- Un grupo de abogados y la Fundación Primero Justicia, representada por su presidente Miguel Surún Hernández sometió acción de amparo contra la Junta Central Electoral (JCE) para que emita una resolución donde ordene detener el usos de masivo de ayudas sociales para la compra de votos y dirigentes de la oposición.
Recordó que el artículo 210 de la Ley 20-23, de régimen electoral prohíbe expresamente el uso y abuso de los programas sociales para fines políticos, lo cual evidentemente constituye un vulneración al principio de equidad y transparencia que deben normar los procesos políticos.
Denunciaron que el Gobierno ha establecido «un mercado persa» con bonos navideños donde el voto y la cedula se entregan a cambio de del citado bono, el cual por venir al portador, es un instrumento de cooptación y manipulación.
Surún Hernández señala que la JCE al tenor del artículo 212 de la Constitución, se encuentra en la obligación de tomar medidas cautelares para garantizar la equidad en los procesos electoral, «máxime cuando se trata de todo un plan forzar la abstención financiera a la oposición mediante la compra usando los bonos, de dirigentes de la oposición».
Finalmente, el conglomerado señala que la Junta Central Electoral ha prohibido la entrega de las actas de escrutinio correspondiente al nivel de diputados, en franca violación al principio de transparencia y garantía electoral que debe normar le proceso electoral. En ese sentido, expresan que con esto abren las puertas a que repita el fraude acaecido en febrero pasado con los regidores, donde los datos contenido en las actas de escrutinio manual eran alterados al pasarlos al acta digital.
