SANTO DOMINGO.- Durante este año 2024 la República Dominicana ha sido impactada por reformas que todavía siguen en discusión y otras que ya han sido aprobadas.
La reforma constitucional que fue anunciada por el presidente Luis Abinader fue aprobada en segunda lectura en septiembre de este año y cuyos cambios a la Constitución dominicana en su artículo 81, implica la reducción de 178 diputados/as a 158.
Otra de las modificaciones es referente a su artículo 166 que implica el cambio de nombre que tendrá el Procurador General Administrativo a Abogado General de la Administración Pública y el artículo 167 será diferente, ya que anteriormente instauraba los requisitos para ser procurador general administrativo.
En ese mismo orden, la nueva modificación constitucional establece que “el presidente de la República electo el tercer domingo de mayo de 2024, nunca más podrá presentarse al mismo cargo, ni a la Vicepresidencia de la República”.
Otras reformas y leyes no fueron aprobadas
Durante varios meses, economistas, comentaristas, periodistas y demás personalidades estuvieron a la expectativa del famoso “Proyecto de Ley deModificación Fiscal”, que tras ser presentado por el Poder Ejecutivo y depositado en el Congreso Nacional, ciertos sectores económicos y sociales se opusieron a la aprobación de la misma.
La nueva reforma fiscal establecía cuatro ejes, dentro de los cuales se destacaron aspectos como el aumento del salario mínimo del sector público para elevarlo de RD$10,000 a RD$15,000, la transformación de la Policía Nacional que incluía la inversión de RD$52,170.2 MM durante los próximos 4 años.
También se resaltó el hecho de reestructurar el pago del anticipo hacia las personas físicas y microempresas (que no estarían sujetas a este pago), así como también a las pequeñas empresas, que sería calculado en base al 40% del ingreso del periodo, lo mismo para las medianas pero en base al 60%, mientras que las grandes seguirían de acuerdo al régimen actual. Las micro y pequeñas empresas no pagarían el Impuesto sobre la Renta aplicable a las personas jurídicas en la declaración jurada de su primeros tres ejercicios fiscales.
Por otro parte, la reforma fiscal quería reducir los incentivos al turismo, al pretender derogar los párrafos II, III y IV del artículo 1 y 2, así como también el párrafo del artículo 3 y los artículos 4, 5, 6, 7 y 14 de la Ley No. 158-01 de Fomento al Desarrollo Turístico y sus modificaciones.
La nueva modernización reduciría los incentivos al cine al derogar los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 6; El numeral 6 del artículo 10; El artículo 19; Los numerales 3 y 4 del artículo 26; y los artículos 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 y 45 de la Ley 108-10 para el Fomento de Actividad Cinematográfica.
La reforma fiscal quería dejar sin efecto los artículos 2 y 4 de la Ley 56-07 que otorga exenciones a la Industria Textil, el artículo 50 de la Ley 392-07 sobre Competitividad e Innovación (Proindustria) y recaudar cerca de RD$22,195.1 millones.
Luego de que varios sectores y ciudadanos se manifestaran en la Cámara de Diputados en oposición a la reforma fiscal, en el pasado mes de octubre el presidente Abinader anunció el retiro de la misma del Congreso Nacional, considerando que no cuenta con el consenso necesario para ser aprobada y que el Gobierno no tiene otra propuesta”.
En otro orden la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), fue rechazada por el Tribunal Constitucional tras considerarla “no conforme a la Constitución dominicana”. La iniciativa fue interpuesta por la Fuerza del Pueblo (FP), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
De acuerdo a datos oficiales, los ataques a la Ley de la DNI surgieron a raíz de un artículo que establece a todos los dominicanos revelar informaciones privadas a la entidad sin la orden de un juez.
Esto trajo como consecuencia que varias entidades de la sociedad civil dominicana se unieran para solicitar su modificación, incluyendo la Sociedad Dominicana de Diarios.
Tras esta exigencia, el pasado 19 de septiembre el Gobierno se vio en la obligación de someter ante el Senado de la República a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, el proyecto que buscaba modificar la referida ley, la cual fue aprobada por el organismo ya mencionado.
La misma busca realizar cambios a más de cinco artículos de la normativa, incluyendo el número 1 sobre objeto y ámbito de aplicación, el cual señala que la ley que crea la DNI tiene como objetivo establecer el marco legal del sistema de inteligencia del Estado, previsto en el artículo 261 de la Constitución de la República, así como crear la Dirección Nacional de Inteligencia, como órgano rector del sistema.
Reforma laboral se queda para el 2025
Por otro lado, una de las reformas que sigue en discusión, principalmente por el tema de la cesantía es la reforma laboral, depositada en el Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo a través del ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps.
La reforma que plantea un cambio en el Código de Trabajo dominicano, de acuerdo a la Ley 16-92, pretende modificar el artículo 45 prohibiéndole a los trabajadores: realizar su labor en estado de embriaguez o en cualquier condición análoga; Hacer uso de dispositivos electrónicos en horas de trabajo con fines ajenos a su labor y poner en marcha cualquier tipo de propaganda religiosa o política, entre otros aspectos que tienen que ver con el teletrabajo y demás.
Una de los aspectos que todavía sigue en la palestra pública es el tema de la cesantía laboral, que luego de que el ministro de Camps afirmara que “no se va a tocar” es decir que “no se va a eliminar, pero si podría cambiar”, el empresariado dominicano le propuso al Senado de la República que la misma permanezca por seis años para los empleados nuevos y un tope de por lo menos 10 salarios mínimos.
Finalmente, el senador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y quien preside la comisión que estudia el proyecto de ley de reforma laboral, Barón Duluc, dijo que existen puntos que se deben revisar a fondo en la misma, con el objetivo de sacar un «código armonizado, adaptado a los nuevos tiempos» y que será en 2025 cuando se le rinda un informe al Senado.