El pasado jueves 6 de agosto, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (en lo adelante, “CODESSD”) presentó el proyecto “RD DEBATE”, una plataforma que persigue un doble propósito: por un lado, propiciar espacios de intercambio de ideas sobre diversos temas de interés nacional –tales como la seguridad social, las candidaturas independientes, el tránsito terrestre, entre otros–, con la participación de actores técnicos especializados en cada materia; por el otro, y recogiendo la experiencia que en el año 2024 evidenció la importancia de esta clase de espacios, impulsar, fortalecer y normalizar la cultura del debate político en la República Dominicana.
Sobre esto último, la plataforma “RD DEBATE” persigue derribar un paradigma que, durante décadas, ha imperado en la República Dominicana: “los políticos no debaten”. Y es que, arraigada en una mentalidad conservadora, la gran mayoría de nuestras principales figuras políticas se ha resistido a participar abiertamente en un intercambio de ideas, tanto frente a sus contrincantes electorales como ante la sociedad. Hoy podríamos afirmar que, gracias a una ola de jóvenes de distintas corrientes ideológicas que se han adentrado en la contienda electoral, los debates políticos han dejado de ser un mito para convertirse en una realidad in crescendo, siendo esta transformación una que enriquece la democracia dominicana.
Recordemos que la “democracia” es el sistema político fundado en aquellas condiciones que justifican la participación, en plena igualdad, de todas las personas en el ejercicio del poder político. Se traduce, en esencia, en el gobierno del pueblo (Ronald Dworkin, 1999). Este gobierno, sin embargo, no se agota en la sola atribución del poder a la colectividad, sino que “se estructura por un conjunto de procedimientos de diálogo y deliberación que incluye tanto la participación de instituciones como la de actores políticos en la confrontación de ideas” (Tania Vásquez, 2016).
El armazón de un gobierno democrático obliga a la existencia de espacios de discusión e intercambio de ideas, con el fin de permitir que, por un lado, los distintos actores que la componen puedan comunicar a la ciudadanía su distinto parecer sobre un mismo tema; y que, por el otro, los ciudadanos puedan conocer el pensar de dichos actores e inclinarse por aquellos que sean más afines con sus intereses sociales. Es así que adquiere mayor relevancia un derechofundamental de carácter dual: la libertad de expresión e información.
El artículo 49 de la Constitución dominicana consagra que “[t]oda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”. A su vez, el artículo 49.1 precisa que “[t]oda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley”. Así, la Carta Sustantiva resguarda en su contenido una doble dimensión respecto del derecho fundamental a la libertad de expresión e información, los cuales se encuentran altamente vinculado, toda vez que, como ha precisado nuestro Tribunal Constitucional, “una persona desinformada no tiene la posibilidad de expresarse con eficacia y libertad” (STC/0123/14, Tribunal Constitucional dominicano, 2014).
El derecho fundamental a la libre expresión e información ha sido reconocido internacionalmente como la “piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. (…) Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1985). Lo anterior supone una doble dimensión de esta prerrogativa constitucional: i) el derecho individual de cada persona a expresar sus ideas, opiniones y pensamientos sin interferencias externas; y ii) el derecho colectivo de la sociedad a acceder libremente a información y a conocer lo que otros expresan.
En el plano electoral, la libertad de expresión e información adquiere un protagonismo especial en la relación entre políticos y ciudadanos, en tanto instrumento que articula sus intereses recíprocos: mientras los primeros la ejercen para difundir sus ideas e iniciativas con miras a obtener el mayor respaldo electoral posible, los segundos la invocan para informarse sobre el catálogo de candidatos y sus propuestas, condición indispensable para la formación de un voto libre y consciente.
Es aquí donde se evidencia la importancia de los debates, siendo el mecanismo por excelencia a través del cual, de un lado, los actores políticos dan a conocer sus ideas; y, del otro, se genera un estímulo decisivo para la formación de la opinión pública, lo que en el electorado se traduce en la orientación de su decisión de voto. Así, se realza la relevancia de este ejercicio de intercambio y de confrontación de ideas para la construcción de una verdadera democracia, pues “sólo el libre debate de las ideas de los precandidatos permite la participación racional de los ciudadanos en las etapas electorales” (Eduardo Jorge Prats y otros, 2019).
La plataforma “RD DEBATE” se presenta como el vehículo idóneo para que quienes aspiran a incorporarse a la vida política dominicana puedan exponer ante la ciudadanía su posición sobre temas coyunturales y de suma trascendencia para el país. En este sentido, esta iniciativa del CODESSD constituye una manifestación concreta del ejercicio de la libertad de expresión, en tanto permite a los candidatos difundir libremente sus ideas, propuestas y visión de nación, sin más límite que el propio debate democrático de las ideas. Pero su relevancia no se agota en esa dimensión, toda vez que, al mismo tiempo, la plataforma garantiza el derecho a la información de la ciudadanía, pues es a través de este espacio que los electores pueden acceder a un conocimiento directo, contrastado y de primera mano sobre el pensamiento de sus posibles representantes.
De esta forma, “RD DEBATE” articula ambas caras de un mismo derecho fundamental –la libertad de expresión de quien emite el mensaje político y la libertad de información de quien lo recibe–, y es precisamente en esa articulación donde descansa su verdadero valor democrático, pues solo un electorado debidamente informado está en condiciones de ejercer un voto consciente, libre e instruido. De ahí que la plataforma no se limite a ser un simple espacio de confrontación de ideas, sino que se erija en un auténtico instrumento de fortalecimiento institucional, en tanto contribuye a cerrar la brecha entre la clase política y la ciudadanía y a robustecer la calidad del debate público en un momento en que este resulta más necesario que nunca. Por todo lo anterior, este servidor aplaude sin reservas esta iniciativa del CODESSD, por tratarse de un verdadero ejercicio que alimenta y dignifica nuestra democracia, y le augura sus mayores éxitos, con la firme esperanza de que los debates en la República Dominicana dejen de ser la excepción y se consoliden, de una vez por todas, como la regla
Licenciado en Derecho, mención magna cum laude por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
Maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación Económica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
Actualmente es abogado asociado en Jorge Prats Abogados & Consultores.
