De acuerdo a con Laura Acosta, abogada de Hugo Beras, el Ministerio Público actuó de manera incorrecta durante el allanamiento realizado anoche en la casa del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant).
«Nadie aquí ha firmado acta y a nadie le han pedido firmarla. Ni han levantado acta de los bienes que se han llevado. porque el fiscal Héctor García me informó que no había terminado», aseguró la jurista.
Además, explicó que esto quiere decir que lo que se llevaron de la vivienda de Beras lo van a inventariar en ausencia de Hugo, su esposa y sus abogados. «Ninguna prueba que allá ahí tiene ningún valor», aseguró.
El exdirector del Intrant se pronunció este miércoles sobre la polémica suspensión del contrato entre la entidad y la empresa Transcore LATAM, SRL, destinada a la mejora del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo
Beras aseguró que intentó evitar esta situación desde el principio, tomando medidas preventivas para salvaguardar la transparencia del proceso y su trabajo dentro de la institución.
“Desde mi llegada al INTRANT, lo primero que hice fue apartarme de todo lo relacionado con el área de Compras y Contrataciones, no por desinterés, sino por responsabilidad”, explicó Beras durante una intervención en el programa El Sol de la Mañana.
El inicio del escándalo
Y es que el lunes 30 de octubre del 2023, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) dio a conocer la suspensión del contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore LATAM, S.R.L para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo tras encontrar indicios de irregularidades en el proceso de licitación llevado a cabo para tales fines.
En ese momento, Compras y Contrataciones Públicas detalló que tras analizar los documentos que integran el expediente administrativo del procedimiento Núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001 que consta en el Portal Transaccional y verificar los documentos recopilados con ocasión de los reclamos y denuncias presentados ante el órgano rector se constató la existencia de los tres elementos que permiten la adopción de una medida cautelar de oficio.