Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 2-24, mediante el cual deroga el Decreto 270-20 del 21 de julio de 2020, que aprobó el establecimiento del Aeropuerto Internacional de Bávaro, en el paraje de Tres Piezas, sector El Salado, del municipio Salvaleón de Higüey, provincia La Altagracia.
La medida se toma luego de que la Suprema Corte de Justicia emitiera una sentencia en diciembre, ratificando la lesividad al interés nacional del proyecto. La corte determinó que el Poder Ejecutivo había excedido sus facultades al emitir el decreto original.
El decreto 2-24 cita explícitamente la decisión unánime de la Suprema Corte de rechazar el recurso presentado por el AIB. Este recurso buscaba invalidar la declaración emitida por el Instituto de Aviación Civil (IDAC), que calificaba al proyecto como perjudicial para el interés nacional. Además, la corte desestimó el proyecto en su forma original, tal como fue concebido y aprobado.
Se hace hincapié en que el proyecto debió ser licitado y no otorgado grado a grado por el Poder Ejecutivo.
También, que en octubre de 2021 a través de la sentencia 0030-03-2021-SSEN-00434, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) calificó de lesivo para el interés general el permiso que otorgó el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) el 11 de agosto del 2020 para la construcción de ese aeropuerto y por vía de consecuencia revocó la autorización para el inicio de la obra.
De igual manera, que en octubre de 2020 el propio Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) declaró como lesivo al interés público el AIB aduciendo que su aprobación violó “los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente lo cual justifica su nulidad” y ordenó la suspensión de la construcción del mismo.
A esto también se suma la resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 12 de septiembre de 2022, que anuló la licencia ambiental que favorecía esa obra, corrigiendo así las irregularidades que se cometieron a finales del Gobierno pasado, con lo cual se reafirma el fortalecimiento de las instituciones y de la seguridad jurídica en la República Dominicana.
