Durante la tarde del pasado martes dos de octubre la Procuraduría General de la República interrogó por primera vez al empresario José (Jochi) Gómez Canaán con relación al accionar de su empresa, Transcore Latam, en la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
Entrada la noche de ese martes se daba la información de que Gómez había sido detenido en la sede del Ministerio Público; casi al unísono, trasciende la noticia del allanamiento en la residencia del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, que resultó en su apresamiento debido a su participación en la licitación ganada por Transcore Latam.
Entre el final del miércoles y el inicio del jueves el Ministerio Público confirmaba la activación de la “Operación Camaleón” en donde, junto con Gómez y Beras, se habían detenido a otros cinco implicados, acusados de cometer delitos de alta tecnología, lavados de activos, falsificación y uso de documentos falsos y estafa contra el estado a través de las contrataciones públicas con las que fueron favorecidas esas empresas.
Unos ocho días después del inicio de esa operación, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, decidirá o no si envía a los siete implicados a prisión preventiva como medida de coerción como lo solicitan las autoridades.
Tras dos días de audiencias, en donde las autoridades y la defensa expresaron sus respectivos puntos, la jueza leerá el fallo este jueves.
Mientras se espera la decisión, el Ministerio Público se mantiene firme en su pedimento de que los siete implicados sean enviados a prisión por 18 meses como medida cautelar.
“Nosotros en este proceso hemos presentado unos 245 medios de prueba, unos medios de prueba que resultan tan contundentes que recuerden que la defensa pidió un aplazamiento para conocer esos elementos; hemos presentado elementos más que suficientes como para que esté tribunal acoja la solicitud del Ministerio Público”, expresó Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), tras culminar el segundo día de audiencias.
Sin embargo, los abogados defensores señalan que “no existen” medios suficientes para que se imponga prisión preventiva como medida de coerción; Ingrid Hidalgo, abogada de Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant, indicó que existen los argumentos suficientes para que su cliente no sea enviado a prisión preventiva como medida de coerción.
“(Baquero) Es un ciudadano español, cuyo pasaporte siempre mantuvo en sus manos; inclusive salió del país, retornó y entrega el pasaporte el día del allanamiento. Es decir, que en todo momento pudo sustraerse del proceso; él está dispuesto y tiene los suficientes arraigos para presentarse en todo acto del proceso como lo ha hecho”, expresó Hidalgo.
La jurista indicó que contrario a lo solicitado por el Ministerio Público, quienes pidieron 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción, estos manifestaron al tribunal que le impongan a su cliente la presentación periódica cómo medida cautelar.
“Debemos saber que no porque no exista un preso, no hay un proceso y parece que a eso es que estamos acostumbrados. A qué todo el mundo tenga que estar en una cárcel, para que puedan decir que hay un caso”, exclamó Hidalgo, quien recalcó que su cliente había entrado al Intrant antes de la llegada de Beras, uno de los principales implicados en el caso y que renunció de la misma hace poco más de un año.
El Ministerio Público sostiene en su acusación que como encargado de la red semafórica y de video vigilancia del gran Santo Domingo, Gregorio Baquero fue una pieza clave en la coordinación técnica del fraude; además de señalarlo como la persona que facilitó el control de los sistemas a la empresa Transcore Latam S.R.L., la cual no cumplía con los requisitos legales ni técnicos para ejercer esas funciones.
Las autoridades indican que este adaptó la evaluación pericial en el proceso de licitación para favorecer a las empresas Aurix, Transcore Latam e Inprosol. Mientras, falsificó el contenido de una certificación en donde declaraba que el Intrant había recibido de forma completa los bienes y servicios de Transcore Latam, esto con el propósito de que le desembolsaran el pago.
Baquero es imputado por participar en la ejecución técnica del esquema fraudulento, comprometiendo la seguridad vial y la transparencia en el uso de fondos públicos, siendo coautor de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios y falsificación, se lee en el documento depositado.
En ese mismo tenor se expresó la defensa de Carlos José Peguero, quienes manifestaron a los medios de comunicación que se encuentran positivos de que su cliente saldrá bien parado de este proceso cautelar.
“Nosotros estamos positivos porque ciertamente, como hemos venido diciendo desde el inicio, esas 304 páginas del Ministerio Público es un expediente vacío; para nadie es un secreto que estos imputados tienen buenos presupuestos, tienen buenas garantías, no se van a sustraer del proceso, más que ustedes saben que esto es un show más mediático que otra cosa”, detalló el abogado Ricardo Alcántara.
A Peguero Vargas se le acusa de movilizar fondos a través de la empresa Inprosol S.R.L., desviando el dinero adjudicado a Transcore Latam; por igual era el encargado de los asuntos técnicos-informáticos de la estructura de vigilancia y espionaje de José Gómez Canaán, dice el organismo. De igual forma colaboró en la construcción de la estructura financiera ilícita de este.
LAS IMPLICACIONES DE HUGO Y JOCHI
Los principales implicados del caso son Hugo Beras y Jochi Gómez.
Gómez, quien tuvo su turno junto a su defensa de defenderse de las acusaciones en su contra durante el segundo día de audiencias, está imputado por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, lavado de activos, usurpación de identidades empresariales, entre otros.
Además, es señalado como el principal responsable del sabotaje a la red semafórica en el gran Santo Domingo, a finales de agosto de este 2024, así como también de actos de terrorismo en contra de infraestructuras críticas del Estado dominicano.
La Pepca aduce en el expediente que Gómez Canaán, a través de su empresa Aurix, controló de manera fraudulenta los sistemas semafóricos y de vigilancia y que utilizó a Transcore Latam y Dekolor para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar lavado de activos.
Mientras que a Beras se le señala por ser, entre el mes de agosto de 2022 y noviembre de 2023, quien dirigió y autorizó la adjudicación de contratos millonarios a empresas que no contaban con las capacidades técnicas que eran requeridas.
El expediente señala que el exfuncionario fue clave en la integración de nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado.
También se acusa al excandidato a alcalde por el Distrito Nacional de ser el coautor de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, entre otros.
LOS DEMÁS IMPLICADOS
Los demás implicados en el caso son Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien fue coordinador de despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant y el encargado de manipular la licitación y la toma de decisiones que beneficiaron a los demás acusados.
También está el exdirector Administrativo y Financiero del Intrant, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, es imputado de emitir una certificación falsa en la que afirmaba que el Intrant contaba con la apropiación presupuestaria necesaria para iniciar el proceso de licitación; y Pedro Vinicio Padovani Báez, es el exencargado del Centro de Control de Tráfico del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y socio de Jochi Gómez, este hombre fue clave en el manejo y supervisión del centro de control de tráfico, conforme a lo establecido por la Pepca.
