Se evidenciaron documentación de respaldo mal archivada, anomalías en el registro, suministro y recepción de bienes, pagos procesados en departamentos incorrectos, guías de despacho no registradas en Sigepi, inconsistencias entre guías físicas y registros del sistema, y proveedores habilitados con evaluaciones técnicas deficientes.
Con apenas semanas en funciones, el nuevo Pleno de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) destapa escandalosas irregularidades en compras y contrataciones del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), con más de RD$ 1,000 millones de fondos públicos bajo escrutinio.
En una investigación especial publicada este 26 de mayo, el órgano regulador del Estado revela actos de presunta corrupción administrativa cometidos en esa entidad durante el periodo 2016 al 2020, que involucran a funcionarios civiles y militares, según el informe de la auditoría.
La fiscalización abarcó un análisis exhaustivo de las contrataciones, la administración de bienes (incluidos alimentos), y la nómina del personal incorporado entre 2019 y 2020, para garantizar la transparencia y legalidad en la gestión de los recursos gubernamentales durante el periodo auditado, indica el informe.
Los resultados más alarmantes de la auditoría apuntan a la gestión de Berlinesa Franco (diciembre de 2008 hasta abril de 2020). Durante este extenso período administrativo, se habría perpetrado la mayoría de las irregularidades que ahora salieron a la luz.
El informe, dado a conocer por la nueva Cámara de Cuentas, recoge las siguientes anomalías financiera:
Procedimiento de Urgencia
El contrato de urgencia INAIPl-MAE-PEUR-2020-0001 asignó RD$ 531,767,051 para el suministro y distribución de alimentos crudos a los centros infantiles CAIPI y CAPI, en el marco del Plan Anual de Compras 2020, priorizando así el bienestar infantil.
Además, se identificaron las siguientes irregularidades: incumplimiento de plazos, pólizas de garantía con cobertura excesiva, discrepancias en cantidades de producto, pagos a proveedores con deudas tributarias, diferencias entre valores contractuales y registros Sigepi.
Igualmente, se evidenciaron documentación de respaldo mal archivada, anomalías en el registro, suministro y recepción de bienes, pagos procesados en departamentos incorrectos, guías de despacho no registradas en Sigepi, inconsistencias entre guías físicas y registros del sistema, y proveedores habilitados con evaluaciones técnicas deficientes.
Los auditores del órgano focalizador también detectaron Inconsistencias en el proceso de compra de 40,000 kits de productos alimenticios, por un valor de RD$100,000,000. Este proceso incluye contrataciones de bienes que no están contemplados dentro del alcance de los decretos que declararon estado de urgencia debido a la condición del COVID-19.
La auditoría reveló, asimismo, irregularidades por RDS 61,608,923 en la entrega oportuna de productos contratados urgentemente para la prevención del COVID-19 bajo el proceso INAIPI-MAE-PEUR-2020-0004. Las deficiencias incluyen: documentación de contratación faltante o no registrada en Sigepi, contratos vencidos e incumplidos, registro de contratos incompleto, pagos procesados incorrectamente, adjudicaciones sin cumplir especificaciones técnicas, garantías no cobradas por incumplimiento, y falta de informes a CGRD y CCRD.
Procedimiento de emergencia
En la experticia se encontraron irregularidades por RD$ 103,540,822 en contratos de emergencia durante la pandemia de COVID-19. Estas anomalías incluyen: retrasos en las entregas, falta de documentación de recepción completa, pagos realizados sin la revisión de la Contraloría, errores en la gestión de pagos, adjudicación de contratos de forma distinta a lo establecido.
