La Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó “dar tratamiento oportuno a las denuncias presentadas sobre utilización de recursos y fondos públicos, y aplicar de manera efectiva las sanciones correspondientes”.
En el informe preliminar de las elecciones municipales del pasado domingo, y con miras a las elecciones de mayo próximo, insta que los funcionarios públicos actúen respetando las limitaciones establecidas en la ley durante los tiempos electorales.
La entidad se refiere en el documento a las denuncias hechas por representantes de partidos políticos y de la sociedad civil en torno que continuaban las inauguraciones de obras, en violación a la legislación electoral que establece las fechas límites para estos actos de 40 y 60 días, antes de los comicios municipales y presidenciales, respectivamente.
En sus argumentos dice que una de las fuerzas políticas solicitó a la JCE denunciar estos hechos ante la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales.
También, Participación Ciudadana hizo un llamado al presidente a suspender toda propaganda oficial violatoria del Decreto 1-2472 y de la legislación electoral, incluyendo algunos ejemplos de lo que la organización consideraba incumplimientos a esa normativa.
Además, exhortó a la JCE a tomar cualquier medida cautelar necesaria para hacer cesar inmediatamente cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado.
En el documento, indica que el calendario electoral publicado por la JCE, el 9 de enero era plazo límite para la realización de actos inaugurales de gobierno y alcaldías. No obstante, la Misión constató que continuaron las actividades de inauguración.
“ En respuesta a las denuncias presentadas por fuerzas políticas opositoras, la JCE notificó que las remitiría ante la recientemente creada Unidad de Atención, Seguimiento y Mecanismos de Ejecución de las sanciones con ocasión de las infracciones administrativas electorales y medidas cautelares, para que esta realice las indagatorias e investigaciones necesarias. No obstante, la Misión fue notificada de que aún no se había emitido ninguna sanción administrativa y que, en los casos en los que se trate de utilización de fondos públicos por parte de funcionarios, la competencia la tiene la Procuraduría Especializada”
