Santo Domingo, República Dominicana.– Maxi Feliz, defensora de los derechos de las personas neurodivergentes, madre azul y activista social, denunció públicamente la falta de una asignación presupuestaria específica para la implementación de la Ley 34-23 sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2026.
Feliz explicó que, tras una revisión directa del Presupuesto Ciudadano 2026, publicado por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), se constató que la Ley 34-23 no figura como una partida presupuestaria específica, ni como programa institucional, ni como gasto condicionado por ley, a pesar de tratarse de una legislación vigente que reconoce derechos fundamentales en salud, educación e inclusión social.
Recordó que el artículo 53 de la Ley 34-23 establece de manera expresa la obligación del Estado de asignar los recursos necesarios para garantizar su ejecución, por lo que la ausencia de fondos en el presupuesto del próximo año constituye un incumplimiento legal que vulnera derechos protegidos por la Constitución dominicana y por tratados internacionales ratificados por el país.
La activista señaló que esta omisión se produce luego de años de espera por parte de la comunidad azul, que confió en que la aprobación de la ley representaría un cambio estructural real. Sin recursos asignados, advirtió, la normativa queda reducida a una promesa sin efectos prácticos.
Asimismo, recordó que el propio presidente de la República ha reconocido públicamente que la ley aún no cuenta con los fondos necesarios, insistiendo en que los derechos de los niños, niñas y adolescentes con autismo no pueden seguir sujetos a promesas futuras ni a presupuestos que los omiten.
Finalmente, Maxi Feliz hizo un llamado firme a las autoridades para que se incluya una partida presupuestaria específica para la Ley 34-23, se definan responsables claros, se garantice transparencia en la ejecución y se reconozca el autismo como una causa país que requiere voluntad política real.
“La comunidad azul no exige privilegios, exige el cumplimiento de la ley. Porque sin presupuesto no hay derechos, y la espera prolongada también vulnera”.
