Mediante Decreto 132-23, del 16 de mayo de 2023, se declaró el 16 de mayo como “Día Nacional de las Sufragistas”, en conmemoración del día en el que la mujer dominicana ejerció el voto por primera vez. La lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres ha sido un proceso largo y arduo en todo el mundo, y la República Dominicana no es una excepción. A lo largo de la historia, las mujeres dominicanas han desempeñado un papel fundamental en la búsqueda de la justicia y la igualdad, especialmente en el ámbito político.
A principios del siglo XX, las sufragistas dominicanas se unieron a la lucha internacional por el derecho al voto de las mujeres. A pesar de los obstáculos, se organizaron, se manifestaron y presionaron para que se reconocieran sus derechos políticos. Entre ellas destaca Abigail Mejía, una incansable activista que fundó la Unión de Mujeres Dominicanas en 1927 y luchó por el sufragio femenino durante décadas. Gracias a su labor y la de muchas otras, en 1942 se otorgó el derecho al voto a las mujeres en el país.
El logro del sufragio femenino fue un hito significativo, pero solo fue el comienzo de un camino más largo hacia la igualdad y la participación política plena de las mujeres. Aunque las mujeres dominicanas han avanzado en términos de representación política, aún enfrentan importantes desafíos que obstaculizan su participación efectiva en los procesos democráticos, uno de ellos es la subrepresentación de las mujeres en los cargos de toma de decisiones políticas.
A pesar de que las mujeres constituyen aproximadamente la mitad de la población dominicana, su presencia en el Congreso y otros espacios de poder político sigue siendo limitada. La falta de representación equitativa implica que las voces y las perspectivas de las mujeres no se reflejen adecuadamente en la formulación de políticas y la toma de decisiones, lo que puede llevar a la exclusión de temas importantes para las mujeres de la agenda política.
Persisten barreras culturales y sociales que dificultan la participación política de las mujeres. Estereotipos de género arraigados, roles tradicionales y prejuicios discriminatorios continúan obstaculizando el progreso de las mujeres en la política. Pérez de García (2021) sostiene que “a pesar de los esfuerzos del legislador de lograr una mayor inclusión de la mujer en política, los resultados no han sido lo suficientemente efectivos” y, esto se explica porque “la barrera para la participación de la mujer en política no es solo legal o por la violencia política de género, sino que contamos con una barrera cultural”, por ello señala la capacitación como una de las vías para la promoción de la inclusión política de la mujer.
Las mujeres enfrentan desafíos adicionales en términos de financiamiento de campañas y acceso a redes de poder. Uno de los objetivos del financiamiento público a las organizaciones políticas es tratar de “nivelar la competencia electoral”; no obstante, no existe una asignación de un porcentaje con perspectiva de género, que incorpore el desarrollo del liderazgo de las mujeres, orientado a la capacitación y promoción de la participación activa de la mujer en política (Ferreira, 2017). En tal sentido, adecuar el destino del financiamiento que otorga el Estado con los valores implícitos en que se debe sustentar el sistema de partidos, es cónsono con el artículo 39.5 de la Constitución:“el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular…”
Además, es necesario pensar en la violencia política de género que enfrentan las mujeres en la esfera pública. Las mujeres políticas a menudo son objeto de diversas agresiones debido a su participación activa en la política. Esto crea un entorno hostil que les desalienta a competir por cargos políticos, limitándoles para ejercer su liderazgo de manera efectiva.
De igual modo, a pesar de que, en general, existe consenso en reconocer las barreras que históricamente han enfrentado y aun enfrentan las mujeres en la participación política, no ha sido pacífico el debate en cuanto a la implementación de medidas afirmativas como la proporción de género aplicada a las propuestas de candidaturas presentadas por los partidos políticos. Fruto de esa resistencia, tanto el Tribunal Superior Electoral, como el Tribunal Constitucional, han tenido que ir moldeando la aplicabilidad de estas medidas y, a golpe de sentencias, enderezar aquellos intentos por restarle efectividad a las mismas.
Sin dudas, el legado de las sufragistas tiene un valor incalculable. Desde aquel 16 de mayo de 1942, el país ha sido testigo de importantes avances en materia de igualdad de género. Sin embargo, si bien los progresos han sido significativos, aún son insuficientes para lograr una plena participación política de la mujer en condiciones de igualdad, lo que nos conmina a rememorar aquellos logros como estímulo para seguir avanzando hacia una igualdad plena.
Licenciado en Derecho, cum laude, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional (UASD). Maestría en Ciencias de la Educación, Université Paris-Est Créteil (UPEC). Cursa la Maestría en Derecho Electoral y Procesal Electoral (UASD). Desde el año 2010 ha estado vinculado al sector judicial y a la educación superior, con experiencia en la formulación, implementación y evaluación de proyectos de formación y capacitación, gestión docente y docencia universitaria. Actualmente es Asistente Ejecutivo del Tribunal Superior Electoral. Colabora como articulista de la Revista Justicia Electoral y como docente del Centro de Investigación y Capacitación de Justicia Electoral y Democracia (CICJED). Asesor metodológico de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ). Profesor de Derecho Constitucional, Derecho Electoral, Derecho Procesal Constitucional y Organización Judicial en la Universidad Félix Adam (UNEFA) y la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), donde a nivel de posgrado imparte la asignatura Derechos Políticos y Régimen Electoral.
