La facturación electrónica ha revolucionado la forma en que las empresas realizan sus transacciones comerciales en todo el mundo, y República Dominicana no es la excepción. Con la implementación de la Ley de Facturación Electrónica, el país ha dado un paso importante hacia la modernización y simplificación de los procesos fiscales.
La Ley de Facturación Electrónica, promulgada este mismo año, establece las bases legales para la emisión, recepción y almacenamiento electrónico de facturas, así como, sanciones para aquellos contribuyentes que no cumplan con las disposiciones de la ley. Asimismo, deja claro las medidas para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de las facturas, y regula la interoperabilidad entre los distintos sistemas de facturación. Por lo que, esta medida busca optimizar la gestión tributaria, reducir la evasión fiscal y agilizar los trámites administrativos para los contribuyentes.
Una de las principales ventajas de la facturación electrónica es su facilidad y comodidad. A través de plataformas digitales autorizadas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), las empresas pueden generar y enviar facturas electrónicas de forma rápida y segura. Además, este sistema permite el almacenamiento digital de los comprobantes fiscales, facilitando su consulta y auditoría, aportando de este modo mayor transparencia y permitiendo una mayor trazabilidad de las transacciones comerciales.
No obstante, su implementación no está exenta de desafíos y críticas. Algunos argumentan que su implementación puede ser costosa para las pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas con recursos limitados para adaptarse a las nuevas tecnologías. Además, de existir preocupación sobre la seguridad de los datos y la privacidad de la información en el entorno digital.
Ahora bien, dentro de las facilidades ofrecidas por la ley, se destaca la eliminación del uso obligatorio de impresoras fiscales, lo que supone un ahorro considerable para las empresas. Asimismo, se establecen plazos más flexibles para la emisión y recepción de facturas electrónicas, adaptándose a las necesidades y operaciones comerciales de cada empresa. Es importante tener en cuenta las sanciones establecidas por incumplimiento de la Ley de Facturación Electrónica. La DGII tiene la facultad de aplicar multas y sanciones para aquellas empresas que no cumplan con las disposiciones establecidas, lo que puede afectar su reputación y liquidez financiera. Por ello, es fundamental que las empresas se adapten adecuadamente a este nuevo sistema.
En el ámbito latinoamericano, varios países han adoptado la factura electrónica con resultados positivos. México fue pionero en su implementación hace más de una década, logrando reducir la evasión fiscal y mejorar la recaudación de impuestos. Países como Chile, Colombia, Brasil y Argentina también han seguido este camino, obteniendo beneficios similares. Observándose avances significativos en términos de eficiencia, reducción de costos, agilidad en los procesos de facturación y disminución de la evasión fiscal. Así como una mayor seguridad y confiabilidad en la emisión y recepción de las facturas.
En conclusión, la facturación electrónica en República Dominicana ha supuesto una transformación digital significativa en el ámbito fiscal y comercial. Con facilidades para las empresas y sanciones para aquellos que no cumplan con la normativa, este sistema ha demostrado ser una herramienta eficaz para combatir la evasión fiscal y agilizar los procesos administrativos tributarios. Su implementación ha trascendido fronteras, significando una verdadera modernización tributaria.
Licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); Máster en Procedimiento Civil de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Máster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Posee especialidades en dirección de administraciones tributarias y aduanera y Hacienda Pública.
Cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo del derecho tributario, enfocado en la planificación fiscal corporativa, determinación de obligaciones y auditorías, así como, en operaciones de reorganización empresarial, tales como las fusiones, escisiones y adquisiciones de entidades comerciales.
