Jean Alain cuestiona aplicación de nueva norma procesal en solicitud de extinción de la acción penal

Santo Domingo.– El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, cuestionó este lunes la intención del Ministerio Público de aplicar una disposición del nuevo Código Procesal Penal al proceso judicial que enfrenta, al considerar que dicha interpretación vulnera el principio constitucional de irretroactividad de la ley.

Las declaraciones fueron ofrecidas luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispusiera un receso en la audiencia en la que Rodríguez asumió personalmente parte de su defensa para sustentar la solicitud de extinción de la acción penal.

La defensa sostiene que el proceso ha excedido el plazo máximo de duración previsto en la legislación procesal, mientras que el Ministerio Público solicita al tribunal rechazar el incidente.

Durante su intervención, Rodríguez exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a la decisión que adopten las juezas, al advertir que, a su juicio, la aplicación de una norma aprobada con posterioridad al inicio del proceso podría sentar un precedente para otros casos judiciales.

Asimismo, expresó su confianza en que el tribunal rechazará el planteamiento del Ministerio Público y adelantó que, cuando se reanude la audiencia, continuará exponiendo los argumentos que respaldan su solicitud de extinción de la acción penal.

Caso Medusa

Jean Alain Rodríguez figura como principal imputado en el denominado Caso Medusa, en el que el Ministerio Público lo acusa de presuntos actos de corrupción administrativa, desfalco al Estado, sobornos y otras irregularidades que, según la acusación, habrían ocasionado un perjuicio económico superior a los RD$6,000 millones durante su gestión como procurador general de la República entre 2016 y 2020.

El expediente también incluye a varios exfuncionarios y colaboradores de la Procuraduría General de la República, señalados por el órgano acusador de integrar una presunta estructura dedicada al desvío de fondos públicos mediante contrataciones, compras y pagos irregulares. Algunos de los imputados han admitido responsabilidad y alcanzado acuerdos con el Ministerio Público durante el desarrollo del proceso.