En estos tiempos, donde la tecnología y digitalización están teniendo un auge sin precedentes, la Inteligencia Artificial (IA) ha emergido como una fuerza transformadora en diversas esferas de la vida, desde la economía hasta la atención médica. Sin embargo, este avance tecnológico plantea interrogantes cruciales en relación con los derechos fundamentales consagrados en las constituciones de muchas naciones.
La IA a menudo implica el procesamiento masivo de información personal administrada mediante los datos integrados a los sistemas. Esto plantea preocupaciones sobre la privacidad y el manejo de dicha información, así como el límite a la libertad con la que cuentan los usuarios de las IA para realizar acciones que puedan vulnerar los derechos de terceros. Los gobiernos y las organizaciones, así como todos los juristas especializados en la materia, deben equilibrar la necesidad de innovación con la protección de la privacidad individual, estableciendo regulaciones claras que garanticen la confidencialidad y la seguridad de los datos personales.
Los algoritmos de IA pueden perpetuar sesgos y discriminación si no se diseñan y se aplican adecuadamente. En el contexto constitucional, es preciso señalar la necesidad de garantizar que la IA no infrinja los derechos a la no discriminación y la igualdad, asegurando que los sistemas de IA sean justos y equitativos para todas las personas, independientemente de su origen, género, raza u orientación sexual. Esto representa una tarea ardua, ya que, así como se debe salvaguardar la protección de los derechos y el correcto uso de las IA, de igual forma es importante que la implementación de la IA no resulte afectada para su desarrollo y continua expansión.
En ese tenor, la IA también plantea preguntas sobre la libertad de expresión y opinión. La propagación de noticias falsas y la manipulación de la información a través de algoritmos son preocupaciones crecientes. Esto se añade a la lista de razones por las que las normas constitucionales deben adaptarse para abordar estas cuestiones, protegiendo la libertad de expresión mientras se lucha contra la desinformación y la manipulación digital.
Por otra parte, la IA se está utilizando cada vez más en el sistema judicial, desde la predicción de resultados judiciales hasta la automatización de procesos legales. Este punto está centrado a garantizar que los derechos a un juicio justo y acceso a la justicia, consagrado en nuestra propia constitución en su artículo 69 no se vean comprometidos, tomando en cuenta que laimplementación de diversos sistemas de IA es inminente en la administración de justicia. Dicho esto, es esencial que las constituciones contengan los elementos necesarios para garantizar la transparencia y eficacia en el uso de la IA dentro de los sistemas judiciales.
Tal y como lo he planteado anteriormente, es innegable el hecho de que la IA presenta desafíos significativos para todas las áreas que buscan explotar las características de estos sistemas. No obstante, para que la solución a estos desafíos radiquen en un punto armónico, es imprescindible que el primer enfoque que se le otorgue al uso de la IA sean las personas y sus derechos fundamentales.
Licenciado en Derecho, mención magna cum laude, por la Pontificia Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Servidor del Poder Judicial.
Autor del Trabajo de Grado: “La Responsabilidad Civil derivada de los daños causados por el incorrecto uso y las fallas de los sistemas de Inteligencia artificial”.
Experto en temas de Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Responsabilidad Penal y Civil.
Curso de Inteligencia Artificial y Justicia – Escuela Nacional de la Judicatura.
Curso de Ciberseguridad y su connotación jurídica en Centroamérica y el Caribe – CONOSE.
Pruebas digitales y ciberseguridad: Nuevos desafíos. Desde la certificación hasta la judicialización – ADOPI.
Responsabilidad Penal y Civil de la Inteligencia Artificial – ADOPI.
