Mientras los siete detenidos por el escándalo del contrato de los semáforos pasaban su segunda noche en prisión, el ministerio público avanza en la preparación de la medida de coerción que depositara hoy en contra de Jochi Gómez, el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras y otros cinco arrestados durante la operación Camaleón.
Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), agilizan las instancias debido a que el plazo de las 48 horas que establece la Constitución vence hoy alrededor de las 8:00 de la noche, desde el mismo momento que fue dejado detenido Gómez, en la Procuraduría General de la República.
La instancia será depositada hoy ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde solicitarán al juez que ordene prisión preventiva y también podrían solicitar declarar el caso complejo.
El grupo, integrado además por Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología de la Información y Comunicación de esa entidad; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas.
Los imputados están representados por los abogados Carlos Balcacer y Carlos Olivares, quienes defenderán a Jochi Gomez, mientras que Laura Acosta y Luis Rivas, asistirán a Hugo Beras.
Los juristas Nolasco Rivas y Michel Pérez Fuentes asistirán como defensores de Frank Díaz, mientras que los doctores Miguel Liria y John Frías, defenderán a Francisco Álvarez y el abogado José Valdez Fernández asumirá la defensa de Padovani Báez.
El ministerio público acusa al grupo de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios y contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.
Los imputados se encuentran recluidos en el Centro de Atención y Privación de Libertad de Ciudad Nueva (CAPLIP-2), de donde serán trasladados al tribunal que decidirá sobre la imposición de prisión preventiva.
Durante la operación, desplegada en la noche del miércoles, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana.
En estos operativos participaron aproximadamente 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
Los fiscales informaron que durante los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del ministerio público, que los ha calificado como unos de las “más exitosas de sus operaciones contra el crimen organizado, al punto que el procesamiento de las evidencias en algunos de ellos se prolongó por más de 12 horas”.
Entre los hechos objeto de la imputación se encuentran el contrato para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo; el contrato con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.
Nuevo interrogatorio
Ayer en la tarde Jochi Gómez fue trasladado a la Procuraduría General de la República para ser interrogado por su vinculación en el sonado caso, según informó su abogado Carlos Balcácer a la salida de la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde fue a visitarlo para saber su condición.
Tras ser preguntado sobre las acusaciones que pesan sobre su cliente, al que se le acusa, entre otras cosas, de terrorismo cuya pena máxima es de 40 años, indicó que podrían “ser 100 años de cárcel, no importa, no hay elementos suficientes que puedan justificar esa condena”.
De igual forma, indicó que “un tonto” de la Procuraduría, que no son los fiscales “Yeni (Berenice) ni Wilson (Camacho)” estaba buscando una caja roja donde supuestamente Jochi Gómez guarda el virus Pegasus, que a su entender no existe.
Pero, ¿de qué se les vincula?
En la orden de arresto emitida por la jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, el ministerio público define a Hugo Beras como el “coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia”.
Y señalan que entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, Beras “dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas”.
Además, la PEPCA indica que Beras fue clave en la integración de “nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado”.
Asimismo, Frank Díaz Warden habría participado en la adjudicación irregular de contratos, y “su rol fue la manipulación de la licitación y la toma de decisiones que beneficiaron a los imputados”.
También que habría influenciado en que las decisiones del comité de ventas del Intrant favorecieron a empresas vinculadas a la estructura “corrupta”.
Baquero Sepúlveda, quien era el encargado de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, “facilitó el control de estos sistemas a Transcore Latam S.R.L., una empresa que no cumplía con los requisitos legales ni técnicos”.
Según la PEPCA, Baquero Sepúlveda habría adaptado la evaluación pericial en el proceso de licitación para favorecer a Transcore Latam.
“Tuvo una participación activa en la ejecución técnica del esquema fraudulento, comprometiendo la seguridad vial y la transparencia en el uso de fondos públicos”, dice la acusación contra Baquero Sepúlveda.
Jochi Gómez, cuyo nombre de pila es José Ángel Gómez Canaán, fue el “el principal beneficiario económico del esquema corrupto”.
Las autoridades indican que a través de su empresa Aurix S.A.S., “controló fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia”.
Además, habría utilizado a Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L. para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar lavado de activos.
Gómez es investigado por lavado de activos, usurpación de identidades empresariales y manipulación de fondos públicos, “constituyendo una clara amenaza a la integridad financiera del Estado”. También se le vincula con ser el responsable principal del sabotaje a la red semafórica ocurrida a finales de agosto 2024, en el gran Santo Domingo.
Padovani Báez, quien sería uno de los socios de Gómez, habría sido una de las piezas claves en el manejo y supervisión del centro de control de tráfico.
El documento indicó que tras renunciar a su cargo en Intrant, colaboró de “manera directa con las actividades fraudulentas de Transcore Latam S.R.L.”.
“Posee participación directa en el fraude licitatorio y contribuyó a la implementación de los esquemas de lavado de activos, así como en el sabotaje a la red semafórica”, detalla la acusación contra Padovani Báez.
Carlos José Peguero Vargas, a quien atribuyen como el responsable de movilizar fondos a través de INPROSOL S.R.L., desviando el dinero adjudicado a Transcore Latam S.R.L.
Además, “es el encargado de los asuntos técnico–informáticos de la estructura de vigilancia y espionaje de José Gómez Canaán. Se le imputa lavado de activos, desvío de fondos públicos y colaboración en la estructura financiera ilícita”.
Fiscales incautan
Laura Acosta, una de las defensoras de Hugo Beras, informó que en los allanamientos en la residencia en la capital del exfuncionario incautaron el teléfono celular, una caja fuerte vacía que habían comprado recientemente y varios documentos.
“Me dice su esposa que lo que ella vio que se llevaron fue una caja fuerte que acaban de comprar y estaba vacía porque ella había dejado la llave adentro y no abría, el celular de Hugo y unos documentos”, dijo Acosta a la salida de la cárcel donde vio a su cliente.
Además, los fiscales se llevaron dos vehículos propiedad del Beras, según Acosta, al tiempo en que indicó “no recuerdo qué más (bienes) ahora mismo”.
La abogada de Beras denunció la forma “arbitraria” en que se produjo el arresto de su cliente, debido a que sucedió en presencia de su hijo más pequeño, cuando su esposa lo bañaba.
Guillermo Gómez
El periodista Guillermo Gómez reveló que su hijo Jochi Gómez, detenido ayer por las autoridades, trajo al país el exsecretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo, porque lo querían acusar de terrorismo y sabotaje con los semáforos.
Gómez afirmó que defenderá a su hijo y dijo que su apresamiento se había dispuesto desde el pasado viernes, aunque fue ayer que se ejecutó.
Se definió como un padre responsable que defenderá a su hijo, pero. No importa, si mi hijo Jochi ha violado la ley, ha violado algo, tiene que responder, ante la justicia y defenderse al ser entrevistado, vía telefónica, en el programa Hoy Mismo.
DNI advirtió a Hugo Beras
Antes de que fuera definida la licitación del Proyecto de Modernización, Ampliación, Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, el Departamento Nacional de Investigación (DNI) envió una carta a Hugo Beras, donde le advertía se debía mantener bajo estricta confidencialidad y en un exclusivo control del Estado la plataforma de semáforos.
En la misiva que fue enviada al exdirector del Intrant por Luis Soto, director del DNI, este hizo una serie de consideraciones que se debían evaluar de manera minuciosa antes de finalizar la licitación, debido a que el proyecto suponía “una dependencia tecnológica importante”.
“Un eventual fallo, manipulación o intrusión no autorizada a estos sistemas podría acarrear serias consecuencias para la seguridad pública, propiciando un estado de conmoción que como dominicanos debemos evitar”, advierte Soto a Beras, según se lee en el documento.
Ante esto, Soto recomendó a Beras dar garantía de que la información generada por la plataforma sea manejada bajo estricta confidencialidad, “siendo custodiada de manera única y exclusiva por el Estado dominicano por considerarse sensitiva para la seguridad nacional”.
Asimismo, el documento señala que se debía asegurar la interoperabilidad de acceso a cualquier información por parte de los organismos vinculados a la seguridad pública y ciudadana, como es el caso del DNI.
