Al encabezar este lunes una conferencia de prensa para ofrecer detalles sobre las fases del primer censo de bienes inmuebles del Estado, el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, informó que serán censadas 724 instituciones públicas.
El censo, que será realizado del 3 al 21 de julio, por la Dirección General de Bienes Nacionales, tendrá un presupuesto de 201 millones de pesos y contará con 16,000 empadronadores.
Santos Echavarría indicó que el levantamiento forma parte del ejercicio de transparencia y estrategia de transformación del Gobierno, que incluye la identificación clara y digitalizada de los activos del Estado dominicano.
“El censo se desarrollará en tres fases claves: la primera consistirá en el levantamiento de información de todas las propiedades estatales; la segunda será el censo físico de los bienes inmuebles del Estado dominicano, que permitirá confirmar y complementar la información recolectada en la primera fase, y en la tercera fase, se presentarán los resultados del censo”, declaró.
El funcionario agregó que se ha diseñado un plan de ejecución que incluye la implementación de una tecnología especializada para el almacenamiento, seguimiento y control de la información recolectada.
Dijo, además, que la información digitalizada, sumada a la interoperabilidad de las instituciones que manejan activos del Estado, permitirá al Gobierno ser más eficiente en la asignación a todas las instituciones, lo cual se traduce en importantes ahorros al Estado.
De su lado, el director general de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Rafael Burgos Gómez, manifestó que el censo permitirá obtener un registro detallado y fidedigno del capital inmobiliario de la nación, que hasta la fecha no ha sido cuantificado.
Señaló que este levantamiento arrojará resultados precisos de los activos inmobiliarios que incluyen bienes y edificaciones del Gobierno central, edificaciones de instituciones descentralizadas, infraestructuras vitales como las viales, hidráulicas y eléctricas, instituciones mixtas con el Estado, acciones inmobiliarias mixtas con el Estado, bienes mineros propiedad del Estado y tierras propiedad del Estado dominicano, entre otros.
