Más allá de las imputaciones penales, el escándalo que envuelve a SENASA pone en evidencia una grave distorsión del gasto público financiado por los contribuyentes y revela el impacto fiscal de la corrupción en un sector esencial como la salud.
Este caso ha sido abordado, con razón, desde la óptica penal y ética. Sin embargo, su verdadera dimensión trasciende el ámbito judicial. Se trata, ante todo, de un problema fiscal de profundas consecuencias: recursos recaudados mediante impuestos, destinados a garantizar el derecho a la salud, habrían sido desviados de su finalidad legal, afectando no solo las finanzas públicas, sino también la confianza del contribuyente en el uso responsable del dinero que aporta al Estado.
SENASA no es una institución cualquiera. Es el principal instrumento del Estado dominicano para asegurar el acceso a servicios de salud a millones de ciudadanos, particularmente a los sectores más vulnerables. Su funcionamiento depende, en gran medida, de fondos públicos. Por ello, cualquier desvío o uso indebido de esos recursos constituye una lesión directa al pacto fiscal que sustenta la relación entre el Estado y la ciudadanía.
Desde la óptica fiscal, el daño causado no se limita a la pérdida económica. Cuando los tributos recaudados para fines específicos se utilizan al margen de su finalidad legal, se desnaturaliza la esencia misma del tributo. El contribuyente cumple con su deber constitucional de aportar, pero el Estado incumple su obligación de administrar esos recursos conforme al destino previsto por la ley.
El gasto público en salud no es discrecional. Está estrechamente vinculado a derechos fundamentales y a políticas públicas prioritarias. En ese contexto, la corrupción no solo vacía cuentas sino también vacía derechos. Cada peso malversado implica menos medicamentos, menos tratamientos y una menor capacidad de respuesta del sistema público de salud para quienes más lo necesitan.
Esta situación lastima la confianza legítima del contribuyente. La carga tributaria se acepta bajo la expectativa de que los recursos serán utilizados de manera eficiente y transparente. Cuando esa expectativa no se cumple, se debilita la credibilidad del sistema y se afecta la disposición social al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.
A ello se suma un impacto fiscal indirecto, pero igualmente relevante. La corrupción genera ineficiencias estructurales, obliga a reasignaciones presupuestarias, incrementa el déficit y distorsiona las prioridades del gasto. En la práctica, el ciudadano termina pagando dos veces: primero mediante sus impuestos y luego a través de servicios públicos deficientes o inexistentes.
Este caso también expone una debilidad institucional persistente: la brecha entre una recaudación cada vez más eficiente y un control insuficiente del destino del gasto público. Mientras se fortalecen los mecanismos de fiscalización tributaria sobre los contribuyentes, los controles preventivos y posteriores del gasto no siempre alcanzan el mismo nivel de rigor, especialmente en áreas de alto impacto social.
Este episodio debe servir como una oportunidad para repensar el enfoque del control fiscal. Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan establecerse, resulta imprescindible fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen que los recursos tributarios cumplan efectivamente su función social.
Debo terminar diciendo, que esta reflexión no es política ni coyuntural. Es fiscal, jurídica y profundamente social. Un sistema tributario solo es sostenible cuando el contribuyente percibe que su esfuerzo se traduce en bienes y servicios públicos reales. Cuando esto no ocurre, no solo se resiente la salud pública, se compromete la legitimidad del Estado y la estabilidad del sistema tributario.
Licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); Máster en Procedimiento Civil de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Máster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Posee especialidades en dirección de administraciones tributarias y aduanera y Hacienda Pública.
Cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo del derecho tributario, enfocado en la planificación fiscal corporativa, determinación de obligaciones y auditorías, así como, en operaciones de reorganización empresarial, tales como las fusiones, escisiones y adquisiciones de entidades comerciales.
