Cuentan las crónicas de mayo de 2021 que 10.000 personas saltaron la valla de Ceuta. O quizá no la saltaron, sino que más bien, la cruzaron con la aquiescencia de quienes debían vigilarla. Cinco años más tarde los acontecimientos se repiten. Las cifras difieren en función de la fuente que se consulte, pero entre 50.000 y 70.000 personas cruzaron irregularmente la frontera entre España y Marruecos el 30 de julio de 2026. Unas cifras que se agravan al conocer que 86 personas han perdido la vida.
Y relaciono ambos hechos porque su acontecimiento responde a un mismo patrón.
Aunque como ciudadanos de una democracia nos sea complejo concebir que haya gobiernos que instrumentalicen vidas humanas para conseguir cualesquiera sean sus objetivos, lo cierto es que los hay. Estos son, principalmente, gobiernos autoritarios, cuyo respeto al individuo y a los derechos humanos se extiende hasta el momento en que se benefician de su violación. Las democracias, por el contrario, defensoras de estos principios liberales, son las principales víctimas cuando la migración se usa como un arma. Éstas son especialmente vulnerables porque sus gobiernos se encuentran sometidos a la opinión pública y, además, su capacidad de gestión debe atenerse al respeto irrestricto de sus obligaciones jurídicas.
Este tipo de actos son, indudablemente, ataques híbridos. Bajo este concepto cabe todo acto de un Estado que se encuentra en el umbral de lo que es un uso de la fuerza y de lo que no. Se trata de actos que pueden producir un daño o una coacción equiparable a las que producen las armas convencionales pero sin serlo. En este caso, no son tanques lo que se despliega a lo largo de la frontera para intimidar, sino personas civiles. Y las personas se utilizan como armas por dos razones principales:
- porque tiene una mayor efectividad que el uso de la fuerza convencional
- y porque los beneficios de hacerlo superan los costes con los que tiene que lidiar el Estado agresor.
Esto lo sabemos ya que ni Marruecos es el único que recurre a esta estrategia híbrida ni se trata de un tipo de agresión nueva. Kelly Greenhill, profesora de la Universidad de Tufts e investigadora en Harvard, es una exponente en el estudio de la weaponized migration. Gracias a su trabajo sabemos que entre los años 1951 y 2006 la migración se ha instrumentalizado al menos una vez al año. Del total, un 30% de la veces se quería conseguir objetivos militares, un 50% obtener beneficios económicos y un 60% tuvieron objetivos políticos. Cuando un Estado es víctima de este tipo de ataques híbridos se despliegan ante sí las siguientes tres alternativas:
- No dejar pasar a los migrantes y devolverlos en caliente: el poder coercitivo del agresor disminuye, no consigue sus demandas; pero el compromiso de la víctima con los principios democráticos queda en cuestión.
- Acoger a todos los migrantes: el poder coercitivo del agresor disminuye, pero el gobierno víctima debe correr el riesgo del coste electoral y de gestionar, en cambio, una ola reaccionaria de la opinión pública.
- Ceder a las demandas del agresor para el ataque híbrido finalice: aquí el poder coercitivo del agresor se reafirma y en le futuro repetirá su comportamiento.
En mayo de 2021, el gobierno español hospitalizó a Brahim Gali, líder del Frente Polisario, en un hospital logroñés. En respuesta Marruecos amenazó con lo siguiente: "Morocco takes note, and with all the consequences". En efecto, a la semana siguiente ocurrió lo relatado al comienzo de este artículo.
¿Por qué alternativa se escoró España?
En aquellos días Pedro Sánchez dijo que era una "inusitada crisis migratoria" o "un asalto a las fronteras españolas por parte de 10.000 migrantes" —brilla por su ausencia atribución alguna de la crisis a Marruecos—. Porque sí, los hechos tuvieron tal dimensión gracias a que Marruecos hizo saber días antes, y en diversas plazas, que el 17 de mayo levantaría el control fronterizo. Es más, hay fuentes que aseguran que incluso fletó autobuses para trasladar a los migrantes hasta la frontera con España. Respondiendo a la pregunta, las relaciones a ambos lados del Estrecho de Gibraltar no se normalizaron hasta que España no reconoció el plan soberano marroquí sobre el Sáhara Occidental —una violación a principios internacionales tan fundamentales como el de autodeterminación de los pueblos y no uso de la fuerza, dicho sea de paso—. Así que de aquellos barros, estos lodos. Si hace cinco el ataque híbrido de Marruecos le produjo rédito, ¿por qué no iba a emplearlo nuevamente?
Los acontecimiento del día 30 de julio ocurren, por casualidad, diez días más tarde del acuerdo entre España y Argelia por el que reactivarán la cooperación política, económica, comercial entre ambos y se aumentará la importación de gas desde el país magrebí. En palabras de Pedro Sánchez: "España ve a Argelia no solo como un país vecino, sino como un socio estratégico y sobre todo como un país amigo".
Marruecos niega que haya actuado con chantaje y ha asegurado que es un socio fiable de España —socio que hace cinco años no tenía problema en amenazarla; qué socio tan fiable—. Es complicado imaginar que 50.000 personas decidiesen fortuitamente cruzar la frontera en el mismo día en el mismo momento. Y si lo hiciesen por conveniencia personal, sin responder a los intereses de ninguna institución superior, la capacidad de organización horizontal de tal masa de gente debería ser estudiada.
A falta de mayores datos queda por saber cómo lo hizo, pero el momento en el que ocurre y la dimensión de los hechos invita a pensar que se trata de nuevo de un ataque híbrido. Un recordatorio de que las concesiones sobre el Sáhara no son suficientes. Una advertencia de que puede Marruecos puede castigar a España cada vez que actúe contrariamente a sus intereses. En esta ocasión, estrechando lazos con su principal amenaza, Argelia.
Manuel Marín Gastón doctor en seguridad, análisis de riesgos y conflictos por la Universidad Antonio de Nebrija. Actualmente es profesor de Relaciones Internacionales es esta institución. Su labor investigadora aborda temas de seguridad internacional, agresiones híbridas y el derecho internacional al uso de la fuerza.
