La actual administración de la Cámara de Cuentas terminará su período de cuatro años en abril próximo como una de las menos productivas de la historia de ese organismo en cuanto a las auditoríasrealizadas a instituciones públicas.
Las diferencias entre sus miembros y la desconfianza y anulación de los trabajos ejecutados por la gestión anterior ralentizaron el trabajo de la entidad creada para examinar las cuentas del Estado.
Este Pleno, compuesto por cinco miembros y presidido por Janel Andrés Ramírez Sánchez, comenzó desechando los informes de 13 auditorías practicadas en el cuatrienio anterior por desconfiar de su legitimidad. En ellos se informaban irregularidades en el manejo de cuantiosos fondos públicos.
En la sesión del 9 de diciembre del 2022, el miembro del organismo Mario Arturo Fernández presagiaba un “resultado pírrico” para la presente gestión.
“Esta Cámara de Cuentas no tendrá una sola auditoría correspondiente al Plan Anual para este año, por cuya razón, permítanme felicitarnos”, criticaba.
Más adelante, los cinco nuevos miembros votaron a favor de llevar a cabo unas 108 auditorías e investigaciones especiales, de las que el Pleno ya aprobó los informes de 31, pero pocas de ellas han llegado a su fase final de publicación. Unas 78 están en “proceso auditor”.
Solo diez
Casi arribando al final de su periodo, la Cámara de Cuentas reportó a Diario Libreque ha terminado solo 10 auditorías e investigaciones especiales, lo que equivale a 2.5 auditorías por año.
Por otro lado, la entidad informó en sus memorias al Congreso Nacional que, entre el 2021 y el 2023, había publicado los resultados de 41 auditorías, incluyendo las iniciadas por sus antecesores.
Además, arrastran seis informes aprobados en 2020 por el Pleno anterior que siguen “pendientes de notificación a los entes y publicación en página web”.
La cantidad de informes de auditoríasaprobados se desplomó en esta administración. Desde el 2017 hasta el 2020, aprobaron en promedio 44.25 informes cada año. Entre 2021 y 2023, la media bajó a 11 por año.
Cuello de botella
El presidente de la Cámara de Cuentasse ha opuesto desde el principio, según consta en las actas de las sesiones, a aprobar las investigaciones que no sean sometidas a un proceso de calidad por un equipo diferente al que hizo el levantamiento, algo que todavía no han logrado.
Rechazadas
En la sesión celebrada el 14 de diciembre del 2021, los votos contrarios de Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa María Catano Ramírez impidieron la aprobación del informe de la investigación realizada Dirección Nacional de Bienes Nacionales (DGBN) del periodo 2012-2015.
Fernández Burgos argumentó que no le merecía credibilidad el ambiente en el cual fueron obtenidos y procesados los datos e informaciones contenidos en la misma. “En gestiones anteriores este órgano carecía de manera manifiesta de fiabilidad y transparencia en sus operaciones”, escribió en su voto contrario razonado.
Por iguales razones, votó en contra Elsa Peña Peña. El presidente se abstuvo.
Elsa María Catano Ramírez criticó el archivo de estas pesquisas ante la seriedad de los hallazgos y dijo que constituye “una irresponsabilidad decidir archivar estos resultados”.
“Todos cuando postulamos a la Cámara de Cuentas sabíamos la situación que presentaba esta entidad. Lejos de yo verlo como un problema, siempre lo vi como una oportunidad de hacer lo correcto, de fortalecer la transparencia, de presentar los resultados, que es un derecho de la ciudadanía conocer cuáles son los resultados de la gestión de los fondos públicos”, expresó.
Entre las irregularidades detectadas estaban pagos duplicados a personal a través de diferentes fondos y por un monto de 1,951,350 pesos, diferencias entre los estados de ejecución presupuestaria y los archivos físicos y digitales de nóminas ascendentes a 5,048,435 pesos y 513,344 pesos.
Además, pago de salario 13 a personal que no corresponde por valor de 3,378,164, cheques nulos considerados como gastos en los estados de ejecución presupuestaria por 587,728 y expedientes de pagos sin facturas comprobantes ascendentes a 2,461,657 pesos.
A pesar de que se planteó volver a hacerla, la auditoría a Bienes Nacionales no se volvió a realizar.
Diferencias en la UASD
Dos miembros se negaron a respaldar la pesquisa realizada a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) entre 2014 y 2017 (gestión Iván Grullón), a pesar de lo cual se aprobó.
Mario Arturo Fernández manifestó que no debían “aprobar ningún informe que no sea verificado por un nuevo equipo de auditores competentes y distintos al que lo practicó”. Afirmaba que no merecían credibilidad los hallazgos.
Esta investigación había detectado retenciones de impuestos sobre la renta no pagadas a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por valor de 4,115,156,987 pesos hasta el año 2017, según hizo constar María Catano Ramírez, la vicepresidenta.
