La niñez dominicana enfrenta una crisis silenciosa pero devastadora. Más allá de los titulares aislados, los datos y testimonios dibujan un panorama alarmante de violencia, abandono y desprotección. No se trata de buscar culpables individuales, sino de reconocer que como sociedad estamos fallando. Nuestros niños están creciendo entre el miedo, la desconfianza y la indiferencia. Y eso debe dolernos, pero sobre todo, debe movilizarnos.
Una infancia marcada por el abandono institucional
Desde 2020, más de 4,400 niños y niñas han sido rescatados por las autoridades dominicanas debido a casos de abuso, negligencia o explotación, según datos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). Esta cifra, lejos de representar una respuesta efectiva, debería funcionar como termómetro de una realidad que apenas se documenta. De los rescatados, 2,311 son niñas y 1,877 niños: detrás de cada número hay una historia rota, una infancia interrumpida.
Pero los datos más inquietantes provienen de los hogares, el espacio que se supone más seguro. Según UNICEF, el 64% de los niños de entre 1 y 14 años ha sido víctima de castigo físico o agresiones psicológicas por parte de sus cuidadores. En menores de 3 a 4 años, ese porcentaje sube a un escalofriante 70%. Esto no solo revela patrones de crianza violentos, sino una normalización peligrosa del maltrato infantil.
Violencia sexual e impunidad: una doble condena
En 2023 se registraron 2,398 denuncias de delitos sexuales contra menores en el país. Eso equivale a más de 20 casos diarios, según cifras del Ministerio Público. Y estas son solo las denuncias formales. La mayoría de las víctimas calla, ya sea por miedo, por estigmatización o por la falta de confianza en las autoridades.
Más doloroso aún es el dato de que en el 2024, nueve niñas y adolescentes han sido asesinadas en feminicidios, representando cerca del 16% del total de víctimas de este crimen en el país, según recopilación de El País. Esas niñas no murieron de golpe: la sociedad las fue abandonando mucho antes.
Más de 1,400 denuncias de desapariciones de menores se han registrado en los últimos siete años, sin que exista todavía un sistema efectivo de búsqueda inmediata.
Casos emblemáticos como el de Roldanis Calderón en Manabao, o el de Luis Ángel González Méndez, aún sin resolver, exponen la falta de protocolos claros y la ausencia de una respuesta coordinada. La Asociación Dominicana de Familias Desaparecidas (ASODODAFE) ha denunciado públicamente la indiferencia institucional y el calvario de padres que, además de buscar a sus hijos, deben enfrentarse a la burocracia y al silencio.
No se trata solo de cifras. Se trata de vidas humanas, de futuros robados, de niños que deberían estar jugando, aprendiendo, soñando… y que en cambio, viven con miedo o no viven en absoluto. Esta crisis no distingue entre clases sociales, aunque golpea más fuerte a los sectores más vulnerables. Y lo más grave es que se está volviendo normal. Pero la violencia contra la niñez no puede ni debe ser normalizada.
La protección de la infancia no es solo responsabilidad del Estado. También lo es de cada familia, cada docente, cada líder comunitario, cada ciudadano. Necesitamos leyes más efectivas, pero también una cultura que repudie el abuso y la negligencia. Necesitamos sistemas de alerta temprana, más psicólogos escolares, fiscalías especializadas que funcionen, campañas educativas sostenidas. Pero, sobre todo, necesitamos voluntad.
No podemos seguir perdiendo generaciones de niños por inacción. No podemos resignarnos a la estadística ni justificar la violencia como disciplina. Urge una reforma ética, educativa y política. No para señalar con el dedo, sino para construir una sociedad donde los niños sean verdaderamente prioridad.
Un país que no protege a su niñez, simplemente no tiene futuro.
