Santo Domingo.- Para evitar la comisión de delitos desde las cárceles, un proyecto legislativo propone el bloqueo de las señales telefónicas en las prisiones y una prohibición que impediría a los presos usar teléfonos móviles en los recintos.
El proyecto de ley perimió en la pasada legislatura y fue reintroducido por el senador perremeísta Cristóbal Venerado Castillo, representante de Hato Mayor en la Cámara Alta.
La medida, en caso de ser aprobada en el Congreso, busca que en las cárceles se instalen cabinas telefónicas, de manera que los prisioneros sólo tengan acceso a ese método de comunicación.
Las cabinas serían instaladas en un trabajo conjunto entre el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y la Procuraduría General de la República.
De acuerdo con los argumentos del proyecto, el sistema bloqueador de telefonías se usaría como medida para combatir delitos como crímenes, tráfico de drogas y otros ilícitos que “con frecuencia se organizan con el uso de teléfonos móviles desde las cárceles”.
Celulares son amenaza
Además, en el proyecto se explica que el uso de la telefonía móvil en las cárceles constituye una amenaza contra la seguridad del Estado dominicano y detalla que, durante los últimos meses, desde las cárceles se han planificado secuestros, asesinatos, motines, fugas, extorsiones y amenazas realizados desde los teléfonos móviles a los que tienen acceso los carcelarios.
“También, parte del microtráfico y narcotráfico de sustancias prohibidas involucra a ciudadanos que están recluidos en diferentes cárceles del país. Estos hechos se convierten en un atentado contra la paz y la seguridad de los ciudadanos que están fuera de las prisiones”, puntualiza la propuesta legislativa.
En ese sentido, el documento congresual prohíbe a los internos el uso de cualquier aparato o mecanismo de comunicación, como los celulares, los chips, tarjetas telefónicas y otros recursos.
Además, el proyecto de ley ordena a la Procuraduría, al Indotel y a la Dirección General de Prisiones a coordinar y garantizar que todos los recintos carcelarios dispongan de los equipos y de la infraestructura necesaria para evitar llamadas telefónicas.
La pieza del Congreso sería estudiada a partir del próximo 27 de febrero, cuando se abra la nueva legislatura.
