Ante la ligereza de comentarios ofensivos, falsedades y ataques verbales en las plataformas digitales y las redes sociales, donde la información circula a nivel global a una velocidad asombrosa, la difamación e injuria pública en línea se ha vuelto uno de los principales desafíos en la actualidad.
La gravedad de estos ataques es innegable, ya que pueden infligir daños de proporciones significativas tanto a nivel individual como corporativo. En el ámbito personal, su impacto puede ser demoledor al afectar la reputación y el honor de las personas, comprometiendo su integridad, autoestima y oportunidades laborales. En paralelo, en el contexto empresarial, estos ataques pueden debilitar o terminar alianzas estratégicas, minando las relaciones de confianza entre empresas y clientes, a menudo, teniendo un impacto negativo en las oportunidades de crecimiento y desarrollo.
Frente a esta situación, se hace necesario comprender y aplicar la legislación vigente, buscando preservar el respeto y la dignidad en el ámbito virtual.
La Constitución, en su artículo 44, garantiza el “Derecho a la privacidad y al honor personal”. Este reconoce el derecho esencial de cada individuo a mantener su integridad personal y su reputación en buen estado. En el contexto de las redes sociales, este derecho toma una nueva dimensión, adquiriendo una importancia extra, ya que nuestras expresiones escritas o registradas pueden ser accesibles para un público global en apenas unos segundos.
Además, el marco legal es claro en cuanto a las consecuencias de la difamación e injuria pública a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, audiovisuales, telecomunicaciones. La Ley Núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en sus artículos 21 y 22, aborda específicamente estos delitos en el ámbito digital, definiéndolos y estableciendo sanciones de penas de tres meses a un año de prisión, junto con multas que varían de cinco a quinientas veces el salario mínimo.
Estas disposiciones legales garantizan un entorno digital seguro y respetuoso para los ciudadanos, al mismo tiempo refuerzan la importancia de la responsabilidad en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, buscan mantener un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la reputación y dignidad de las personas en un entorno digital en constante evolución.
Finalmente, tomar conciencia de cómo nuestras palabras y acciones pueden influir en otros, promueve un ambiente en línea más amigable y constructivo. Evitar la difamación, la injuria pública y la difusión de información falsa no solo protege la reputación de las personas, sino que también fortalece la confianza en la información en línea y fomenta un espacio virtual donde las ideas pueden debatirse de manera civilizada.
Seamos parte de la solución; preservando la integridad de nuestra sociedad digital y contribuyendo a un mundo en línea más inclusivo, tolerante y positivo.
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD);
Máster en Derecho Empresarial de la Universidad Antonio de Nebrija; Maestría en
Derecho de la Administración del Estado en la Universidad de Salamanca y el
Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL); y Especialidad en Alta
Gerencia Empresarial de la Universidad Acción Pro Educación y Cultura (UNAPEC).
Cuenta con más de 10 años de experiencia como servidora pública y consultora en
el campo del Derecho Administrativo, Inmobiliario, Propiedad Intelectual y Derecho
Digital.
Actualmente es la Directora de la Oficina Legalis Officium, con instalaciones en
Punta Cana, y comentarista legal del Programa de Televisión "Ahora por la
mañana" por el canal 35.
