La función de fiscalización cumple un rol elemental en la ejecución correcta de una determinada actividad económica, en apego a las normativas legales de un territorio, previniendo cualquier irregularidad en el manejo de los fondos públicos asignados. Según estable la Constitución dominicana en el Art.75.6, el Estado tiene el deber fundamental de garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente
Dentro del quehacer público la fiscalización tiene por objetivo la optimización del mismo, estableciendo mecanismos de control con potestad constitucional para el desempeño de sus respectivas funciones. El control interno de las finanzas es ejercido por la Contraloría General de la República y el control externo por la Cámara de Cuentas, teniendo al Congreso Nacional y la sociedad civil como árbitros de este proceso mediante los mecanismos legalmente establecidos.
Una fiscalización real y efectiva va más allá de la creación de leyes regulatorias o la realización de auditorías periódicas a las instituciones gubernamentales centrales, organismos autónomos y descentralizados del Estado, por esta razón, debe aplicarse un plan de acción y seguimiento para subsanar las debilidades existentes en la gestión institucional. Emplear un sistema de contabilidad único, uniforme, integrado y armonizado es ineludible para mantener el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gasto y uso del erario público.
Contar con servidores públicos a la altura de sus responsabilidades, es un factor innegociable para fomentar y mantener una cultura de calidad institucional en las entidades del sector gubernativo. Desarrollar las competencias del personal público en principios administrativos es necesario para la debida aplicación de procesos estandarizados, que sirvan como herramienta activa para un buen gobierno, mayor desarrollo y calidad de la acción estatal.
Una administración ética y transparente de la cosa pública es esencial para la lucha contra la corrupción y el abuso de poder. Fortalecer los mecanismos para la evaluación del debido recaudo, uso e inversión de los recursos públicos y autorización de órdenes de pago, en cumplimiento de los trámites legales y administrativos debe ser una prioridad en la agenda pública y política de cualquier gobierno.
Cada año es asignado más de un billón de pesos al Presupuesto General del Estado, cada centavo representa la oportunidad de eficientizar la administración del sistema y mejorar los servicios básicos ofrecidos al pueblo. Llevar a cabo un manejo responsable de los impuestos aportados por los contribuyentes constituye la base para la operatividad efectiva del país, los resultados e impactos de su ejecución deben realizarse en un marco de sostenibilidad fiscal, eficiencia, prioridad y economía operacional.
El objetivo 1.1 de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030 (Ley 1-12), se plantea trabajar en el logro de una administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados. La ciudadanía debe asumir su corresponsabilidad y adoptar una política de accountability social para la consolidación del Estado social y democrático de Derecho. Una fiscalización pura y plena garantiza los derechos fundamentales y el bienestar social de la nación dominicana.
Estudiante de Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Voluntario Nacional del Programa de Liderazgo del Ministerio de Educación (PLERD)
