La iniciativa también contempla un régimen especial de descuentos para deudas fiscales acumuladas por operadores regularizados
Santo Domingo.– El proyecto de ley de juegos de azar aprobado en primera instancia por la Cámara de Diputados plantea prohibir durante un período de diez años el otorgamiento de nuevas licencias para instalar establecimientos de bancas de lotería y apuestas en República Dominicana, con excepción de los casinos ubicados en hoteles y lugares turísticos.
La disposición está contemplada en el artículo 191 de la iniciativa y establece una moratoria para la entrada de nuevos establecimientos al mercado, mientras se desarrolla el proceso de registro, regularización y fiscalización de los operadores existentes.
En términos prácticos, aquellos establecimientos que cumplan con los requisitos y logren incorporarse al nuevo régimen podrían continuar operando bajo las condiciones establecidas por la legislación, mientras durante la próxima década no se permitiría la incorporación de nuevos competidores mediante nuevas licencias.
La medida, sin embargo, no implica que todas las bancas que funcionan actualmente tengan garantizada su permanencia, ya que los operadores deberán cumplir con los mecanismos de registro, regularización y fiscalización previstos en el proyecto.
Derechos adquiridos y renovación de licencias
La iniciativa también contempla disposiciones destinadas a preservar los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas.
Asimismo, establece la posibilidad de renovar las licencias existentes por un período equivalente al originalmente concedido, siempre que los operadores cumplan con los requisitos correspondientes y superen las evaluaciones técnicas previstas.
De esta manera, el proyecto plantea un escenario en el que el Estado limitaría temporalmente la entrada de nuevos actores al mercado, mientras depura y regulariza a los establecimientos que ya operan.
Más de 71,000 bancas registradas
Uno de los argumentos expuestos para establecer la moratoria es la cantidad de establecimientos existentes en el país.
De acuerdo con datos de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda y Economía citados en el proyecto, en República Dominicana existen más de 71,000 bancas de lotería y deportivas registradas.
La propuesta plantea que la dimensión alcanzada por el sector dificulta las labores de fiscalización y, por ello, procura detener temporalmente su expansión para permitir al Estado depurar, validar, registrar e interconectar los establecimientos existentes.
La medida podría tener como consecuencia económica una reducción de la competencia por la vía de nuevas aperturas durante el período establecido, mientras los operadores que logren regularizarse mantienen la posibilidad de continuar participando en el mercado.
Proyecto contempla descuentos a deudas fiscales
El proyecto también establece un régimen especial de descuentos para las deudas acumuladas por operadores de juegos de azar como consecuencia de atrasos en el pago de impuestos y tasas hasta diciembre de 2025.
La disposición está contenida en el artículo 192, que faculta a la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), mediante resolución del Consejo de Juegos de Azar y en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Economía y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a establecer dicho régimen para los operadores que se hayan regularizado y registrado.
Los descuentos serían los establecidos en la Ley núm. 30-26, del 18 de junio de 2026.
Aunque la iniciativa no utiliza jurídicamente los términos “perdón” o “condonación” de deudas, la aplicación del régimen podría permitir que determinados operadores paguen menos de lo originalmente adeudado, dependiendo de las condiciones que finalmente sean establecidas.
El beneficio estaría condicionado a la regularización y registro del operador.
Se desconoce el impacto fiscal de los descuentos
El proyecto no establece el monto total de las deudas que mantienen actualmente las bancas y otros operadores de juegos de azar con el Estado.
Tampoco precisa cuántos establecimientos podrían acogerse al régimen de descuentos, cuál sería el monto global de las reducciones ni cuánto dejaría eventualmente de recaudar el fisco.
Entre los aspectos pendientes de determinar se encuentran el nivel de endeudamiento del sector, la cantidad de operadores que podrían beneficiarse y el impacto fiscal que tendría la aplicación del régimen especial.
Legisladores han declarado vínculos con negocios de apuestas
El contenido del proyecto también adquiere relevancia en medio del debate sobre los vínculos económicos de funcionarios y legisladores con el sector de juegos de azar.
De acuerdo con declaraciones patrimoniales citadas en el debate público, ocho legisladores que actualmente ocupan curules en el Congreso Nacional —siete diputados y un senador— han declarado propiedades, participaciones accionarias o vínculos económicos relacionados con bancas de apuestas, loterías u otros negocios vinculados al sector.
Este elemento podría generar cuestionamientos adicionales sobre posibles conflictos de interés y la necesidad de garantizar transparencia durante la discusión y aprobación de las nuevas regulaciones.
La propuesta deberá continuar su trámite legislativo antes de convertirse en ley, por lo que sus disposiciones podrían ser modificadas durante el proceso de discusión en el Congreso Nacional.
