El Tribunal Constitucional (TC) tiene pautada para este miércoles 26 de agosto de 2026 una extensa agenda de audiencias correspondientes a acciones directas de inconstitucionalidad, en la que conocerá 23 expedientes que impugnan normas de distinto alcance, desde disposiciones municipales hasta artículos del nuevo Código Penal, la Ley de Residuos Sólidos y la reciente ley que modificó el régimen electoral.
Varios de los casos en el rol cuestionan artículos de la Ley núm. 74-25, que instituye el Código Penal de la República Dominicana, promulgada en agosto de 2025.
Entre ellos figura la acción presentada por Ricardo Augusto Ripoll García y Eduardo Daniel Sánchez Tolentino contra los artículos 192, 208, 209, 210, 211 y 310 de dicha ley, así como la de Fernando Almonte Almonte, que ataca los artículos 192, 208, 209, 210, 310, 311 y 379 del mismo cuerpo normativo.
A esa lista se suma la acción del Colegio Médico Dominicano (CMD) contra los artículos 8, 12 y 354 del Código Penal, y la presentada por la Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (COLESDOM) y Rosalba Karina Díaz Crisóstomo contra el artículo 173 de la misma ley.
Este último expediente registra un número considerable de intervinientes voluntarios, entre organizaciones de la diversidad sexual como Diversidad Dominicana y la Fundación Casa Q+, y entidades religiosas y provida como la Arquidiócesis de Santo Domingo, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana (MEDIREC) y el Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (FOMUDEVI), entre decenas de personas físicas apoderadas como intervinientes.
Ley de Residuos Sólidos
El TC también conocerá dos acciones contra la Ley núm. 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, tal como fue modificada por la Ley núm. 98-25.
Una de ellas fue interpuesta por la empresa Ventanet, S.R.L., mientras que la otra reúne a una docena de gremios empresariales, entre ellos la Confederación Dominicana de Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) y la Asociación Nacional de Industrias Metalmecánicas y Metalúrgicas (ASONAMECA).
En ambos casos han intervenido de forma voluntaria el Fideicomiso para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y otras entidades, además de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) como interviniente forzoso en uno de los expedientes.
Múltiples acciones contra la reforma electoral
Otro bloque relevante de la agenda corresponde a impugnaciones contra la Ley núm. 13-26, que derogó los artículos 156, 157 y 158 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Ley 20-23).
Al menos cuatro accionantes distintos Pedro Julio Abreu Columna, José Cristopher Ramírez, José Antonio Cabral Salcedo e Isaías Ramos Guzmán, el Observatorio Dominicano por la Integridad Pública y la Justicia (ODIPJ) y la organización Puedo Unidad Electoral Dominicana sometieron acciones separadas contra esa normativa.
Impugnación a la ley de drogas
El rol incluye además la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el ciudadano Affe Gutiérrez Gil contra diversos artículos de la legislación sobre sustancias controladas.
La acción cuestiona la constitucionalidad de normativas clave dentro del marco regulatorio de drogas en el país: impugna el artículo 5 de la Ley núm. 17-95, que introdujo modificaciones a la Ley núm. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como el artículo 6 de esta última (incluyendo el párrafo c agregado por la Ley 17-95) y los artículos 7, 28 y 29 de la misma legislación.
Otros expedientes en agenda
El rol incluye también una acción contra una resolución y actas de la Junta de Vocales del Distrito Municipal de Cabarete, presentada por la Asociación para la Protección del Medio Ambiente y del Turismo en la Zona de Cabarete y Sosúa (ASOPROCASO) y Ricardo Augusto Ripoll García.
Igualmente figuran impugnaciones a disposiciones sobre lavado de activos y extinción de dominio, facturación electrónica, registro inmobiliario, el Código de Trabajo, el reglamento de licencias de conducir y una ley procesal penal reciente.
Cierran la agenda dos casos de naturaleza distinta, uno referido a una alegada omisión de estatuir de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia frente a una acción de amparo, presentado por Martina de los Santos.
Y otro contra una sentencia del Tribunal Superior Electoral y una resolución de la Comisión de Justicia Electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), relacionada con una apelación de elecciones internas en la Circunscripción 5 de la provincia Santo Domingo.
