LA PAZ, Bolivia.— Un proyecto de ley presentado en Bolivia que contempla la posibilidad de aplicar esterilizaciones obligatorias, bajo control judicial, a mujeres en situación de calle ha generado rechazo de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que advierten que la iniciativa podría vulnerar derechos fundamentales.
La propuesta fue presentada por el diputado suplente Néstor Rodríguez, de Unidad, una alianza opositora de centro, quien sostiene que la iniciativa busca favorecer la reinserción social de las personas en situación de calle y atender especialmente los casos de mujeres que consumen drogas o sustancias inhalantes y tienen hijos en esas condiciones.
El proyecto establece inicialmente que cualquier procedimiento de anticoncepción definitiva debe realizarse con el consentimiento libre, previo e informado de la persona. Sin embargo, contempla que, una vez “agotadas las instancias pertinentes”, la esterilización pueda convertirse en obligatoria y efectuarse bajo control judicial.
El proyecto contempla evaluaciones médicas y psicológicas
Rodríguez explicó a EFE que la iniciativa surgió a partir de su preocupación por mujeres y niños que viven en las calles y están expuestos al consumo de sustancias.
“La idea surge al ver la situación en la que están ahora las mujeres y sus bebés que inhalan clefa (un tipo de pegamento altamente inflamable). El proyecto de ley es una manera de buscar una nueva forma de vida”, afirmó.
El documento fue presentado hace varias semanas y, según el legislador, deberá ser analizado inicialmente por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Rodríguez sostuvo que la eventual aplicación de la medida estaría precedida por una evaluación integral de cada persona.
“Primero se verá la historia clínica de cada persona, será evaluada por un médico y un psicólogo, será una atención integral y al final se procederá con la esterilización”, explicó.
No obstante, el propio legislador dejó abierta la posibilidad de modificar el artículo que contempla la esterilización obligatoria, a raíz de las críticas y sugerencias recibidas antes de que la propuesta sea analizada por la comisión legislativa.
El artículo 15 del proyecto establece que la obligatoriedad podría aplicarse “bajo control judicial”, al argumentar que los recién nacidos podrían quedar expuestos a redes de trata y tráfico.
Defensoría advierte sobre violaciones a los derechos humanos
La propuesta ha provocado fuertes críticas de organizaciones sociales y defensoras de los derechos de las mujeres.
La comunicadora y activista feminista Patricia Flores calificó la iniciativa de “inaceptable, discriminatoria y atentatoria contra la vida humana”.
Flores cuestionó que la medida pueda dirigirse contra mujeres en situación de pobreza extrema y señaló que, en lugar de recurrir a la esterilización, el Estado debería fortalecer las políticas destinadas a evitar que las personas lleguen a vivir en las calles.
La Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de derechos humanos también expresaron su “profundo rechazo y preocupación” por la iniciativa.
La institución recordó que la esterilización forzada constituye una grave violación de los derechos humanos y puede afectar derechos relacionados con la dignidad, la integridad personal, la libertad, la vida privada y familiar, la igualdad, la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Las organizaciones también citaron jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo los casos I.V. vs. Bolivia y Ramos Durand y otros vs. Perú, para señalar que las decisiones relacionadas con el cuerpo y la salud reproductiva corresponden a cada mujer y no deben estar sometidas a coerción.
Ante la controversia, la Defensoría y las organizaciones llamaron al Legislativo y a las demás autoridades bolivianas a actuar conforme a la Constitución y a descartar cualquier propuesta que implique una vulneración de la dignidad humana mediante la esterilización obligatoria.
El proyecto aún debe atravesar el proceso legislativo correspondiente, por lo que no se trata de una medida vigente en Bolivia, sino de una iniciativa que será objeto de análisis y debate en el Congreso.
