El Grupo EULEN República Dominicana advierte que la transición requerirá inversión en formación y contratación formal, en un mercado donde la informalidad absorbe la mayor parte del empleo en el país
Santo Domingo, 11 de agosto de 2026
La reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional que prohíbe a los agentes activos prestar servicios de seguridad privada plantea, ha planteado las condiciones con que se cubrirán los puestos de vigilancia que hoy ocupan miembros de la fuerza pública en empresas, comercios y residenciales del país.
Para Grupo EULEN República Dominicana, multinacional de servicios generales con más de 25 años de operación en el mercado dominicano, la medida es una oportunidad de profesionalización del sector, siempre que la transición se produzca hacia empresas formalmente constituidas y no hacia esquemas de contratación informal.
“La discusión no puede quedarse en si los agentes pueden o no prestar estos servicios. La pregunta relevante es hacia dónde se mueve esa demanda. Si migra hacia operadores registrados, con personal capacitado, afiliado a la seguridad social y con trazabilidad de armas y turnos, el país gana en control y en recaudación. Si migra hacia la informalidad, el problema simplemente cambia de lugar y lo termina pagando el trabajador, que queda fuera del sistema de salud y sin cotización para su retiro”, afirmó Eilian Díaz, gerente general de Grupo EULEN en República Dominicana.
Los datos del Banco Central de la República Dominicana dan dimensión al reto. Durante el primer trimestre de 2026, la economía dominicana sumó 118,631 nuevos ocupados netos, alcanzando un total de 5,236,178 trabajadores, la cifra más alta registrada. Sin embargo, apenas 20,504 de esos nuevos puestos correspondieron al empleo formal: el 82.7 % del crecimiento se concentró en el sector informal, situando la tasa de informalidad en 54.1 %.
En el segmento específico de la vigilancia y la seguridad privada, la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (ADESINC) ha estimado que la informalidad le cuesta al Estado más de RD$1,600 millones anuales en ingresos no percibidos, además de distorsionar la competencia frente a las compañías que operan conforme a la ley.
Desde Grupo EULEN República Dominicana se apunta a que cumplir con el Código Laboral en materia de salario, prestaciones y seguridad social encarece la operación frente a quien no lo hace, lo que configura menos una competencia de mercado que una asimetría regulatoria.
La empresa identifica la capacitación como el principal punto crítico de la transición. Un oficial de seguridad que pasa a cubrir instalaciones sensibles —centros de salud, zonas francas, terminales aeroportuarias, plantas agroalimentarias o superficies comerciales— requiere entrenamiento específico en control de accesos, gestión de incidentes, protocolos de evacuación y protección de datos, además de la habilitación correspondiente ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP).
La compañía respalda, en línea con el sector, la necesidad de actualizar el marco normativo de la seguridad privada dominicana, una demanda que ADESINC ha reiterado en foros internacionales durante 2026 y que apunta a establecer reglas claras de habilitación, formación mínima y supervisión.
La transición ocurre además en un momento de presión operativa sobre los servicios. República Dominicana recibió 7,700,118 visitantes entre enero y julio de 2026, la mayor cifra registrada para ese período, con una proyección oficial de cerrar el año en 12 millones. El Aeropuerto Internacional de Punta Cana concentró el 58 % de las llegadas aéreas durante julio.
“Cada millón de visitantes adicionales se traduce en más metros cuadrados que vigilar, limpiar y mantener, y en más picos estacionales de personal que hay que cubrir con gente entrenada, no improvisada. Un oficial que va a cubrir una terminal aeroportuaria, una clínica o una planta agroalimentaria necesita formación específica en control de accesos, gestión de incidentes y protocolos de evacuación. La capacidad del sector formal para absorber esa demanda es, en el fondo, un tema de competitividad del destino”, concluyó Díaz.
Con estos indicadores, el análisis de la evolución en la tenencia de armas en el país reafirma que la seguridad privada corporativa ha dejado de ser un servicio reactivo para convertirse en un pilar estratégico y preventivo de la continuidad de negocio.
