La República Dominicana se acostumbró a mirarse en el espejo halagador de sus cifras: un crecimiento promedio de 5,1% anual en las últimas décadas. Pero ese espejo ya no devuelve la misma imagen. Y no es un tropiezo aislado; ya en 2023 el propio Banco Mundial advirtió que el modelo basado en acumular capital físico estaba llegando a sus límites por el lento crecimiento de la productividad. En ese contexto, el Gobierno impulsó Meta RD 2036, la estrategia oficial que aspira a duplicar el PIB del país en una década. Ahora bien, esta situación no afecta solo a la República Dominicana. Toda la región lleva años atrapada en lo que la CEPAL llama, sin eufemismos, una «trampa de baja capacidad para crecer»; Latinoamérica crece, en promedio, un 2,3% anual, una y otra vez.
La pregunta que ese frenazo nos obliga a hacernos es incómoda pero necesaria: ¿de qué está hecho nuestro crecimiento? Porque una cosa es crecer acumulando más capital y más viento a favor, y otra muy distinta es crecer porque producimos mejor. Lo primero depende de diversos factores; lo segundo, de la productividad. Y la productividad, en América Latina, casi nunca ha sido el motor: ha aportado poco, y a veces nada, al crecimiento de las últimas décadas.
Entre las razones de esa productividad esquiva hay una que rara vez nombramos con suficiente franqueza: la falta de competencia. La región es, a la vez, una tierra de gigantes y de enanos. En la cima, unas pocas empresas dominan sectores por completo y le trasladan ese poder al consumidor en forma de precios más altos, y así lo indica el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al cuantificar que la empresa promedio de la región cobra un 35% por encima de sus costos de producción, frente al 20% de las economías avanzadas. El propio BID advierte que parte de esos márgenes puede responder a costos fijos, innovación o construcción de marca. Pero incluso descontando esos factores, los márgenes excesivos son mayores en la región, una señal de menor presión competitiva.
Los datos lo confirman: cerca del 70% de la fuerza laboral de la región, según el Banco Mundial, sobrevive en microempresas, mientras escasean las pequeñas y medianas empresas. En otras economías, ese escalón intermedio es el que incomoda a los grandes y empuja la innovación. Esta distribución torcida en Latinoamérica no es un accidente, sino causa y consecuencia de la baja productividad: sin empresas medianas que crezcan y presionen a las más grandes, la competencia, descrita por Schumpeter como esa fuerza de destrucción que obliga a las empresas ineficientes a ceder terreno y que premia a las que innovan, apenas tiene dónde operar.
En cambio, cuando esa fuerza sí actúa, el efecto se nota en el bolsillo. El BID calcula que fomentar la competencia en los mercados de la región elevaría el PIB en más de un 11%, no por invertir más, sino por producir mejor. Ahora bien, reducir esto a un asunto únicamente de crecimiento sería quedarse corto: nuestra propia Constitución, en su artículo 217, no concibe la libre competencia como un fin en sí mismo, sino como parte de un régimen económico que se funda también en la justicia social y la equidad. Por eso, la falta de competencia, además de ralentizar la productividad, es también una injusticia. El precio de monopolio funciona como un «impuesto regresivo» que ningún Congreso votó: golpea más al que menos tiene, porque el costo de la canasta básica pesa mucho más en el presupuesto de un hogar pobre.
Y no es teoría, un ejemplo sencillo lo tenemos en casa. Un estudio de los economistas Matías Busso y Sebastian Galiani (2019) analizó el comportamiento de los colmados afiliados a un programa de transferencias monetarias condicionadas en la República Dominicana, y confirmó lo que venimos advirtiendo: al aumentar el número de colmados donde las familias beneficiarias podían gastar su tarjeta, los precios cayeron entre un 2% y un 6%, y la caída fue mayor donde había más colmados compitiendo entre sí. En este caso, no hubo que fijar precios. No hubo que decirle a ningún colmado cuánto cobrar. Bastó con que las familias tuvieran más comercios entre los cuales elegir.
Se dirá que abrir los mercados a la competencia puede desplazar empresas y empleos existentes. Y es cierto que competir implica que algunas empresas pierdan terreno. Pero proteger a los menos eficientes tampoco protege el desarrollo. Cuando Perú facultó en 2013 a su autoridad de competencia para remover barreras locales arbitrarias a la entrada, la productividad de las empresas afectadas aumentó alrededor de un 11%. La competencia no garantiza que todos conserven su posición; garantiza algo más importante: que esa posición tenga que ganarse.
Al final, defender la competencia es una causa profundamente republicana, se trata de que ningún poder privado esté por encima de la ley ni del mercado, de que el pequeño pueda desafiar al grande, de que el consumidor, y sobre todo el más humilde, no pague de más por lo que necesita. El artículo 50 de nuestra Constitución no consagró la libre empresa como privilegio de los que ya llegaron, sino como promesa de los que todavía quieren llegar. Honrar esa promesa es, con toda probabilidad, uno de los ingredientes que le faltan a nuestro crecimiento para volverse, por fin, crecimiento de todos.
José Beltré Cuevas es abogado, especialista en derecho de la competencia, derecho constitucional y regulación económica. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (UNIBE), realizó estudios de maestría en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y posee un LL.M. en Política y Derecho de la Competencia por la University of the West Indies (UWI), además de una especialización en Derecho de la Competencia por Lead University. Es docente universitario y asesor en políticas públicas. Demócrata y, ante todo, ser humano.
