Santo Domingo.– El Defensor del Pueblo, en coordinación con la Universidad APEC (UNAPEC), realizó un conversatorio sobre el nuevo Código Penal, en el que juristas y académicos analizaron los desafíos que plantea su entrada en vigor y la necesidad de evaluar su aplicación práctica para fortalecer el sistema de justicia dominicano.
Durante la actividad, el titular del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirmó que la promulgación de la nueva legislación marca el cierre de un amplio proceso democrático y el inicio de una etapa centrada en su implementación, análisis y eventual perfeccionamiento institucional.
Ulloa sostuvo que el país atraviesa un momento que exige “serenidad, sentido histórico y responsabilidad de Estado”, al tiempo que llamó a respetar las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.
“Promulgar el Código Penal no significa cerrar el debate, sino trasladarlo responsablemente al terreno de la aplicación práctica, la evaluación y el perfeccionamiento institucional”, expresó.
El funcionario consideró que ninguna legislación es definitiva ni está exenta de mejoras, por lo que defendió la importancia de permitir que la norma entre en funcionamiento para evaluar sus resultados sobre la base de la experiencia.
Como parte de las propuestas surgidas durante el encuentro, planteó al Congreso Nacional la creación de una Comisión Bicameral Especial encargada de dar seguimiento a la implementación del Código Penal. Explicó que este organismo estaría integrado por especialistas en derecho penal, procesal penal, constitucional, técnica legislativa y representantes de las instituciones vinculadas al sistema de justicia.
Asimismo, indicó que, transcurridos los primeros 90 días de aplicación, la comisión podría presentar un informe técnico con recomendaciones y, de ser necesario, promover modificaciones tanto al Código Penal como al Código Procesal Penal.
“Corregir una ley a partir de la evidencia no debilita al legislador, sino que fortalece la democracia”, afirmó Ulloa.
De su lado, el rector de UNAPEC, Erik Pérez Vega, destacó que la academia abrió este espacio de reflexión debido al impacto que tendrá la reforma en el sistema judicial dominicano.
Pérez Vega señaló que el conversatorio permitió abordar temas como el incremento de las penas, la incorporación de nuevos tipos penales, la responsabilidad de las personas jurídicas y el fortalecimiento de las sanciones contra la corrupción y otros delitos.
“Estos espacios permiten a estudiantes, docentes, profesionales del Derecho y a la ciudadanía acceder a análisis de alto nivel sobre una reforma que tendrá un impacto significativo en el sistema judicial dominicano”, expresó.
El rector reafirmó el compromiso de la universidad de continuar promoviendo debates académicos que contribuyan al fortalecimiento del Estado de derecho y la formación jurídica en el país.
En el panel participaron el abogado litigante Miguel Valerio; la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz; la presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Giselle Méndez; el profesor de Derecho Penal de UNAPEC, Harold Modesto; y el jurista Ricardo Rojas León.
La moderación estuvo a cargo de Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades y Derecho de UNAPEC y coordinador del Código Penal Comentado publicado por la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).
