SANTO DOMINGO.– El Poder Ejecutivo depositó este viernes ante el Senado de la República una propuesta de modificación a 18 artículos del nuevo Código Penal dominicano, contenido en la Ley Orgánica 74-25, cuya entrada en vigor está prevista para agosto de 2026.
La iniciativa fue presentada a través del presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, y quedó registrada con el número 01705-2026-PLO-SE. El expediente fue remitido a la comisión bicameral creada para estudiar las propuestas de modificación a la legislación penal.
De acuerdo con el registro legislativo, la propuesta contempla cambios en los artículos 121, 122, 123, 141, 142, 144, 170, 176, 192, 207, 208, 211, 214, 215, 248, 303, 310 y 354 de la Ley 74-25.
Entre las disposiciones que han generado mayor debate figuran los artículos 208 y 211, relacionados con los delitos de difamación y las excepciones aplicables a determinadas expresiones. El artículo 208 vigente establece penas de dos a cinco años de prisión por imputaciones públicas que afecten el honor, el buen nombre o la imagen de una persona, incluso cuando sean difundidas a través de medios digitales, plataformas de streaming o redes de comunicación electrónica.
La propuesta también modifica el artículo 310, que tipifica el ultraje contra funcionarios públicos y contempla penas de prisión y multas por expresiones, imágenes, escritos o gestos realizados de manera no pública que sean considerados ofensivos contra la dignidad de un servidor público. Esta disposición ha sido objeto de cuestionamientos por parte de juristas y organizaciones sociales, que advierten sobre su posible impacto en la libertad de expresión.
En el ámbito sanitario, el proyecto plantea cambios al artículo 354, referente a la expedición de certificaciones médicas falsas. La legislación vigente sanciona con penas de uno a dos años de prisión a los médicos que emitan deliberadamente certificados falsos sobre el estado de salud, lesiones, enfermedades o causas de muerte, con agravantes cuando se trate de médicos forenses o profesionales del sector público.
Además de estos aspectos, la iniciativa incluye modificaciones relacionadas con bullying y ciberbullying, prescripción de delitos sexuales, exhibicionismo, acoso, autosecuestro, abandono de menores, bancarrota simple y malversación de fondos públicos, entre otras infracciones.
La propuesta será analizada por la comisión bicameral designada para estudiar las modificaciones al Código Penal y, posteriormente, deberá ser conocida y votada por ambas cámaras del Congreso Nacional. El proceso de revisión inició esta semana, luego de las protestas y observaciones formuladas por distintos sectores de la sociedad sobre varios artículos de la Ley 74-25.
