SANTO DOMINGO.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió este lunes que varias disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal, la Ley 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales podrían afectar el ejercicio de la libertad de expresión, la labor periodística y la denuncia ciudadana.
La posición fue presentada durante una rueda de prensa encabezada por Iván Lorenzo, acompañado por dirigentes de la organización política, entre ellos Zoraima Cuello, José Dantés Díaz, Héctor Olivo y Joselito Feliz.
Según el PLD, algunas disposiciones contempladas en estas normativas podrían impactar a periodistas, creadores de contenido digital y ciudadanos que realizan denuncias o investigaciones de interés público.
La organización sostuvo que determinados aspectos del nuevo Código Penal y de la Ley 1-26 entrarían en contradicción con criterios previamente establecidos por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana mediante sentencias relacionadas con la protección de la libertad de expresión y la eliminación de penas de prisión por delitos de difamación e injuria.
Asimismo, expresó preocupación por la inclusión de la figura de “ultraje a funcionarios” dentro del nuevo Código Penal, al considerar que la amplitud de su redacción podría generar interpretaciones que limiten las críticas dirigidas a servidores públicos.
Ante este escenario, el partido propuso que cualquier iniciativa vinculada a la libertad de expresión y al funcionamiento de los medios de comunicación sea discutida en el marco del Consejo Económico y Social (CES), con la participación de periodistas, juristas, académicos, representantes de medios de comunicación y miembros de la sociedad civil.
Además, planteó revisar las disposiciones relacionadas con la libertad de expresión contenidas en el nuevo Código Penal y en la Ley 1-26, con el propósito de fortalecer las garantías constitucionales, proteger las fuentes periodísticas y evitar sanciones que impliquen privación de libertad por expresiones protegidas por la Constitución.
La organización reiteró que cualquier reforma o regulación en esta materia debe procurar un equilibrio entre la protección de derechos fundamentales y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
