SANTO DOMINGO. – El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este lunes a 20 años de prisión al mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, tras encontrarlo culpable de los hechos de corrupción administrativa atribuidos a la estructura desmantelada mediante la Operación Coral.
La decisión también incluye el pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos.
La sentencia fue emitida por las juezas Giselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes, quienes consideraron que las pruebas presentadas por el Ministerio Público demostraron que el patrimonio acumulado por el exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) no podía ser justificado con los ingresos reportados durante el período investigado.
Patrimonio incompatible con ingresos
Durante la lectura de la sentencia, el tribunal indicó que los ingresos formales de Cáceres Silvestre, incluso sumados a los de su esposa, resultaban insuficientes para sustentar el volumen de activos, préstamos, certificados financieros, pagos y otras operaciones económicas registradas.
“La prueba permitió establecer que sus ingresos formales, considerados junto a los de su esposa para ese momento, no justificaban el volumen de activos, pagos, préstamos, certificados y operaciones financieras realizadas durante el período señalado”, expresaron las magistradas.
Las juezas señalaron que, tras asumir la dirección del Cusep, el exfuncionario inició una dinámica constante de adquisición de productos financieros y compromisos económicos que excedían ampliamente su capacidad económica declarada.
Según el tribunal, al momento de ocupar el cargo percibía un salario mensual de RD$245,000, mientras que su esposa devengaba RD$49,840. No obstante, posteriormente se registraron múltiples operaciones financieras cuyos pagos no podían ser cubiertos con esos ingresos.
Caso Coral
La condena forma parte del juicio de fondo del caso Coral, considerado uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa más relevantes conocidos por la justicia dominicana en los últimos años.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la estructura habría desviado más de RD$4,500 millones de instituciones públicas, incluyendo el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Durante el proceso judicial, el órgano acusador presentó más de 3,500 pruebas documentales, testimoniales y periciales para sustentar las imputaciones contra militares, civiles y empresas vinculadas al expediente.
La lectura íntegra de la sentencia y de las demás decisiones correspondientes a los restantes acusados continuará conforme al calendario establecido por el tribunal.
