CIUDAD DE PANAMÁ.– La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por las Naciones Unidas, calificó como un “avance judicial internacional clave” la solicitud de extradición presentada por Argentina contra el excoronel venezolano Ephraín Enrique Verdú Torrelles, acusado de presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión de las protestas registradas en Venezuela durante 2014.
El caso se desarrolla bajo el principio de jurisdicción universal, mecanismo jurídico que permite investigar y juzgar graves violaciones a los derechos humanos independientemente del país donde ocurrieron los hechos.
La justicia argentina solicitó formalmente a España la extradición de Verdú Torrelles luego de recibir información sobre su presencia en territorio español. El exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana fue citado por la Audiencia Nacional de España para manifestar si acepta o rechaza su entrega a las autoridades argentinas.
La investigación está vinculada a hechos ocurridos durante las protestas antigubernamentales de 2014 en Venezuela, cuando organismos de seguridad fueron señalados por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. Diversos informes internacionales han documentado denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y otros abusos cometidos durante ese período.
En un comunicado, la misión de la ONU recordó que sus investigaciones han documentado actos de represión sistemática y violaciones graves de derechos humanos, señalando que cientos de ciudadanos fueron detenidos arbitrariamente y que numerosos manifestantes fueron sometidos a torturas, malos tratos y, en algunos casos, violencia sexual.
Organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han valorado positivamente el avance del proceso judicial y han solicitado la cooperación de las autoridades españolas y argentinas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.
De concretarse la extradición, este caso podría convertirse en uno de los precedentes más relevantes en materia de jurisdicción universal aplicada a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, abriendo una nueva etapa en los esfuerzos internacionales por combatir la impunidad en este tipo de delitos.
