JCE: Encuestas políticas quedan prohibidas hasta el inicio oficial de la precampaña en julio de 2027

Santo Domingo.– La Junta Central Electoral aprobó un nuevo reglamento que establece controles más estrictos para las firmas encuestadoras y endurece las sanciones por la publicación de encuestas electorales fuera de los plazos legales establecidos.

La disposición, publicada pon el órgano electoral, regula el procedimiento para el registro y habilitación de empresas encuestadoras, así como las condiciones bajo las cuales podrán realizar y difundir estudios de opinión vinculados a procesos electorales.

Uno de los puntos más contundentes del reglamento establece que queda prohibida la publicación o difusión de encuestas con fines electorales antes del inicio oficial de la precampaña, la cual, según la Ley 33-18, comienza el primer domingo de julio del año anterior a las elecciones.

La JCE advirtió que las firmas encuestadoras que violen esta disposición podrán enfrentar suspensión temporal de su registro por hasta un año, cancelación definitiva en caso de reincidencia y otras sanciones administrativas contempladas en la legislación electoral.

Asimismo, el reglamento establece que únicamente las firmas previamente registradas y habilitadas por la Junta Central Electoral podrán realizar encuestas en materia electoral. Para ello deberán depositar documentos corporativos, nómina de accionistas, currículos de técnicos, composición administrativa y demás requisitos exigidos por la Ley 20-23 del Régimen Electoral.

La normativa también obliga a que toda encuesta publicada incluya información técnica detallada como margen de error, tamaño de la muestra, metodología utilizada, nivel de confianza, texto íntegro de las preguntas y el número de registro otorgado por la JCE.

En el caso de las encuestas a boca de urna o “exit poll”, la JCE dispuso que deberán ser notificadas al organismo al menos ocho días antes de las elecciones y sus resultados no podrán publicarse hasta varias horas después del cierre de las votaciones.

El organismo electoral argumentó que estas medidas buscan garantizar la equidad, transparencia y libre competencia durante los procesos electorales, evitando ventajas indebidas derivadas de promociones políticas anticipadas disfrazadas de estudios de opinión.