Thomas Hobbes, en su obra más conocida, Leviatán, advierte que la noción de seguridad hace referencia a la condición de estar libre de sufrir opresión, daño físico o muerte a través de actos violentos cometidos por otros hombres. Si trasladamos esta tesis clásica al plano de la violencia de género, observamos que, para miles de mujeres dominicanas, el hogar o la relación de pareja se convierte en un perpetuo "estado de naturaleza": un espacio de vulnerabilidad absoluta donde la agresión machista quiebra cualquier noción de paz y convivencia.
En su obra, Hobbes explica que la inseguridad endémica, el estado natural de todos contra todos, y la búsqueda de vivir en armonía con otros, hace que el ser humano procure ser parte del contrato social para poder coexistir. Bajo esta lógica, las ciudadanas ceden parte de su soberanía individual y confían en el aparato estatal esperando una contraprestación básica: que se garantice su derecho fundamental a la seguridad, lo que conlleva a preservar también sus bienes, en especial su vida. Sin embargo, cuando analizamos la epidemia de violencia intrafamiliar, el contrato social se desmorona, demostrando que el Estado no está cumpliendo con su propósito fundacional de, políticas preventivas paraneutralizar el peligro y proteger a la víctima.
Por esa razón, el contrato social, según Hobbes, es ante todo un pacto de seguridad pública. Nos sometemos al soberano (el Estado) para salir del caos y del conflicto permanente. No obstante, los desgarradores datos oficiales del boletín estadístico del Ministerio Público evidencian que el soberano dominicano está fallando drásticamente en su deber de protección:
• El primer trimestre según reportes del Boletín Estadístico sobre Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual correspondiente al primer trimestre cerró con el registro de 22 feminicidios y más de 17,500 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.
• Lo más alarmante es que varias de estas víctimas terminaron siendo asesinadas a pesar de haber acudido formalmente al soberano para denunciar amenazas de muerte previas. Acudieron en busca del pacto de seguridad, y el Estado las dejó solas.
¿Por qué referirse a Hobbes ante este flagelo?
• Primero: En todo Estado democrático, la seguridad de las mujeres no puede seguir tratándose como un "asunto privado" o secundario. Debe ser el mecanismo principal para la protección del orden civil, lo que implica ejecutar medidas preventivas reales, respuestas judiciales inmediatas y mecanismos de amparo efectivos (como las órdenes de protección, que en la práctica suelen ser solo papel mojado) para eliminar de raíz las amenazas de violencia.
• Segundo: la ineficacia institucional genera una profunda y legítima desconfianza entre las ciudadanas y el ente responsable de garantizar el bienestar colectivo. Cuando las estadísticas muestran que la gran mayoría de las víctimas prefiere no denunciar, no es por apatía; es por el miedo y la certeza de saberse desprotegidas por el sistema. Al sentirse abandonadas por el soberano, las mujeres se ven obligadas a buscar protección bajo sus propios métodos o terminan indefensas en manos de agresores que actúan bajo el manto de la impunidad.
Con lo anteriormente dicho, la persistencia de la violencia de género viene ligada a la incompetencia del llamado soberano para brindar el bien común. Quienes tienen en sus manos la responsabilidad constitucional de proteger el bien mayor que es la vida y el orden de cada ciudadana suelen hacer la vista gorda. Justifican su ineficiencia bajo la clásica premisa de la falta de presupuesto para las unidades especializadas, como también omiten las fallas bajo el alegato de que “Las cifras que vemos son los fallecimientos, pero no las mujeres que se salvan” o se escudan en promesas vacías de reestructuración institucional, mientras las mujeres dominicanas continúan pagando la indolencia del sistema con sus propias vidas.
Licenciado en Derecho con concentración en Derecho Administrativo por la Universidad Iberoamericana (UNIBE).
Experto en políticas públicas y derecho electoral.
Abogado Constitucionalista.
Técnico legislativo en el Senado de la República Dominicana.
