En estas últimas semanas, el Congreso Nacional ha mostrado una intensa actividad legislativa. Sin embargo, el foco no ha estado en temas neurálgicos como la reforma laboral o la indexación salarial, sino en la derogación de los artículos 156, 157 y 158 de la Ley de Régimen Electoral. Estos artículos regulaban la figura de las candidaturas independientes, cuya redacción había sido recientemente modificada mediante la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional. Ante el amplio debate jurídico que esto genera, es necesario analizar las implicaciones de una decisión que parece priorizar la comodidad de las cúpulas sobre la apertura democrática.
Mantengo, en este sentido, una postura equilibrada. Por un lado, aplaudo el pluralismo, la libertad de asociación y el derecho fundamental a elegir y ser elegido respetando su núcleo esencial. Por otro lado, reconozco el riesgo de lo que he denominado como la “individualización sin fiscalización por encima de la representación con supervisión”. Ante este escenario, el Poder Legislativo tenía dos caminos claros: regular la figura con rigor o erradicarla. De haber optado por la regulación, los legisladores habrían definido las reglas del juego para mitigar riesgos críticos, como el control del financiamiento electoral y el blindaje contra el transfuguismo de quienes no resulten electos en procesos internos partidarios.
Aunque el camino de la regulación representaba un reto legislativo complejo, habría sido una solución responsable y coherente con el espíritu de participación ciudadana. No obstante, al optar por la derogación, el Congreso simplemente expulsó la figura del ordenamiento jurídico, pretendiendo que el revuelo causado por la sentencia del Tribunal Constitucional quede como una simple anécdota política. Al elegir esta vía, el oficialismo aprovechando su mayoría mecánica cuasi-absoluta, se enfrenta ahora a un previsible aluvión de críticas, pues en política la forma suele impactar mucho más que el fondo.
El argumento de que las candidaturas independientes son inconstitucionales porque la Constitución otorga hegemonía a los partidos puede sostenerse en un debate técnico, pero tomar esta decisión de manera apresurada, "como caña pa’l ingenio", no favorece la maltrecha imagen de nuestra clase política. La confianza en el sistema se ha erosionado profundamente debido a actuaciones que han provocado que las opciones “ninguno” o “no sabe” lideren hoy las encuestas de preferencia. Se trata de un contraste drástico con la militancia entusiasta de hace décadas, cuando participar en política era una aspiración común y no un motivo de sospecha.
En última instancia, la eliminación de las candidaturas independientes admite muchas lecturas, pero la más preocupante es el mensaje de exclusión que envía a la sociedad. Al cerrar las puertas a nuevas formas de participación, los partidos corren el riesgo de atrincherarse en una estructura que el ciudadano común ya no siente como propia. Más que proteger el sistema democrático, esta decisión podría estar acelerando el divorcio entre la sociedad civil y una clase política que parece temerle a cualquier competencia que nazca fuera de sus propios muros.
Licenciado en Derecho con concentración en Derecho Administrativo por la Universidad Iberoamericana (UNIBE).
Experto en políticas públicas y derecho electoral.
Abogado Constitucionalista.
Técnico legislativo en el Senado de la República Dominicana.
