McAllen, Texas, EE. UU.– La abogada migratoria Jodi Goodwin aseguró que el sistema migratorio de Estados Unidos presenta graves deficiencias estructurales que perjudican a los inmigrantes, especialmente a los latinoamericanos.
Con más de 25 años de experiencia, la jurista afirmó que las condiciones han empeorado significativamente en los últimos años. “Todos los días es peor”, expresó, al referirse a detenciones arbitrarias, retrasos judiciales y cambios constantes en las políticas migratorias.
Críticas a políticas recientes
Goodwin cuestionó la suspensión del acceso al asilo implementada durante la administración del presidente Donald Trump, señalando que esta medida deja a miles de personas sin protección.
“Quitar el acceso a pedir asilo es lo peor que pueden hacer”, afirmó, destacando que muchas personas deberán permanecer fuera del país sin garantías legales.
También denunció que incluso migrantes con estatus legal están siendo detenidos, lo que, a su juicio, agrava la incertidumbre y el temor entre las familias.
Impacto humano y sistema colapsado
La abogada subrayó que la crisis no solo es legal, sino también humanitaria, describiendo casos de niños afectados emocionalmente por la detención de sus padres.
Además, indicó que el sistema está sobrecargado, con más de 73,000 personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y un aumento significativo en las detenciones.
Según explicó, la carga laboral de los abogados se ha multiplicado considerablemente, mientras que muchos casos requieren ahora hasta diez veces más tiempo que antes.
Falta de garantías y altos costos
Goodwin también criticó la falta de acceso a representación legal para los migrantes detenidos, ya que la ley no garantiza un abogado pagado por el Estado en estos casos.
Indicó que los costos de defensa pueden oscilar entre 2,000 y 7,000 dólares por caso, lo que deja a una gran cantidad de personas sin asistencia legal, reduciendo sus posibilidades de éxito en los procesos migratorios.
Finalmente, denunció que muchos detenidos optan por la autodeportación debido a las condiciones en los centros de detención, que han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos.
